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Actualidad Jurisprudencia
02/10/2013 07:24:00 Redacción NJ Funcionarios públicos 1 minuto

El TS ordena la rehabilitación de un funcionario que se apropió de casi 4.000 euros en 1992

Aunque el condenado perdió la condición de funcionario se ha tenido en cuenta el informe de la Dirección Provincial de la TGSS favorable a la rehabilitación, que destaca la actuación "personal y profesional" del recurrente. El largo tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos ha contribuido a "difuminar" el impacto de los sucedido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha ordenado la rehabilitación de un auxiliar administrativo como funcionario de carrera tras haberse apropiado indebidamente de casi 4.000 euros en 1992 cuando trabajaba como agente de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.

La sentencia, hecha pública este martes, estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el afectado contra el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 2012, contrario a su reincorporación a la administración, dado que los hechos "son muy graves" e "incompatibles" con los principios que deben regir la conducta de un funcionario público.

El funcionario ya fue condenado por la Audiencia Provincial en 2004 por un delito de malversación a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta, tras apropiarse en tres ocasiones, entre mayo y diciembre de 1992, de un total de 656.214 pesetas (3.943,93 euros).

El dinero fue devuelto a lo largo de 1993, pero perdió la condición de funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social por resolución de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales de 12 de abril de 2007.

La Sala, no obstante, ha tenido en cuenta el informe de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social favorable a la rehabilitación, que destaca la actuación "personal y profesional" del recurrente y que, además, hay una vacante en la Administración Número 1 de Los Cristianos.

La sentencia concluye que el "largo tiempo" transcurrido desde que se cometieron los hechos ha contribuido a "difuminar" el impacto de los sucedido, y obliga a la Administración a hacer frente las costas del proceso por un máximo de 3.000 euros. (EUROPA PRESS)

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