Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con operadores jurídicos, al ser preguntado por si se va a dar marcha atrás en algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como en la limitación de instrucciones en casos de corrupción.
El ministro ha subrayado que las reformas que se están planteando "van adelante" y actualmente están en el Parlamento para su aprobación "antes de que finalice la legislatura".
Entiende que "nadie estará en desacuerdo" con que la justicia "tiene que ser más ágil, más cercana al ciudadano y que los jueces también tienen que estar comprometidos en resolver las instrucciones en plazos razonables".
Estos plazos razonables --ha agregado-- "coinciden con las medias de los tiempos que la Fiscalía nos informa que tarda en la actualidad: seis meses para causas sencillas, 18 para causas complejas, y esos plazos siempre son ampliables".
Por tanto, Catalá ha destacado que "no existe ningún riesgo de que una causa pueda quedar archivada o sobreseída en el transcurso del tiempo. Será la decisión del juez y el fiscal los que, en su caso, acrediten que hay motivación suficiente para ampliar una causa", ha dicho.
Este aspecto "no afecta a los sumarios de corrupción, sino a la totalidad de las causas penales. Es un plazo inicialmente razonable y si las causas se hacen más complejas, se pueden ampliar tanto como sea necesario para garantizar que la justicia funciona, que ningún delito queda sin sanción. Los tiempos de funcionamiento de la justicia tienen que ser más cortos de los que en la actualidad tenemos", ha insistido.
Comunicado de Jueces para la Democracia
Jueces para la Democracia ha hecho público un comunicado, saliendo al paso de estas declaraciones del ministro, en las que señala que “el ministro Catalá también debería explicar qué es lo que se pretende con la reducción de los plazos de instrucción.
Resulta notorio en el ámbito judicial que se trata de plazos imposibles de cumplir con los medios existentes en los juzgados.
Por ello, esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal provocará el cierre en falso de las investigaciones, al no permitirse que los jueces de instrucción puedan prorrogar de oficio las causas cuando sea necesario. Y está muy claro que no se podrá ir a juicio con pruebas suficientes.
Por ejemplo, señalan, “con estos plazos no hubiéramos sabido prácticamente nada del caso Urdangarín, del caso Gürtel o del caso de los EREs. En consecuencia, esta reforma favorecerá la impunidad de numerosos asuntos de corrupción”.
Continúan “para el poder político sí que puede ser conveniente la paralización de los procedimientos, pues ha permitido que políticos imputados hayan continuado durante largos años en sus cargos. El ministro Catalá debería aclarar si esa es la razón por la que no se aportan al sistema judicial los instrumentos suficientes”.
También han manifestado su apoyo al trabajo de los jueces instructores: “Desde Jueces para la Democracia apoyamos el valioso trabajo que están realizando los magistrados instructores de nuestro país, a pesar de la falta de apoyo institucional del Gobierno. En lugar de cuestionar a los jueces, sería más positivo para la sociedad que el ministro de justicia aportara los medios que necesita nuestro sistema judicial.” (EUROPA PRESS)
