En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, sostuvo que "desde el primer día el Gobierno ha trabajado por una inmigración cimentada y legal" poniendo "orden donde había desorden y legalidad donde no la había".

Dijo que si queremos que la inmigración reporte riqueza económica, diversidad cultural e integración todos debemos implicarnos. En este sentido explicó que el texto, tras ser analizado por los organismos preceptivos, entrará en el Congreso en el primer trimestre de 2009 para ser debatido.

El Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social presentado el viernes, dijo la Vicepresidenta, nos va a permitir perfeccionar el sistema legal de entrada de flujos migratorios y abordar situaciones específicas como las relativas a los estudiantes, al intercambio de alumnos para prácticas no laborales o de voluntariado y a los investigadores. 

Los objetivos de esta reforma son: aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración ilegal, favorecer la integración de los inmigrantes, asumiendo el Pacto de Inmigración y Asilo de la UE, y construir un marco más claro de derechos y obligaciones de los trabajadores extranjeros, explicó De la Vega.

Dentro del ámbito de la inmigración, el Consejo, señaló la Vicepresidenta, ha decidido no imponer un nuevo periodo transitorio a la circulación de trabajadores por cuenta ajena búlgaros y rumanos.

Cupo para 2009

El Gobierno, teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas, a los agentes sociales y las necesidades del mercado de trabajo, ha cifrado en 901 el número de puestos de trabajo destinado a los extranjeros de régimen no comunitario.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que compareció junto con la Vicepresidenta para explicar la reforma aprobada, señaló que la modificación de la Ley ha tenido presentes las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a derechos que no estaban reconocidos como los relativos a asociación, sindicación y manifestación.

También ha recogido la transposición de directivas Europeas referidas a la movilidad, a los estudiantes y los investigadores, agregó.

Dijo que el desarrollo de la economía de los últimos años no podría entenderse sin la contribución de los inmigrantes, pero esta contribución debe ser "ordenada, regular y legal".

Añadió que los primeros interesados en que esto sea así son los países de tránsito y de origen de la inmigración con quienes España está colaborando a fin de ordenar los flujos migratorios.

El Anteproyecto, subrayó Corbacho, refuerza la idea de que la inmigración tiene que estar "en relación con el mercado de trabajo", por lo que será éste quien determine la necesidad de los flujos migratorios.

Otro punto clave de esta reforma es el referido a la reagrupación familiar. En este sentido, Corbacho explicó que se ha corregido una contradicción de la Ley en vigor que permitía al inmigrante traer a sus hijos, pero, aunque estuvieran en edad laboral, se les vetaba el permiso de trabajo. Con esta reforma en el mismo acto administrativo se reconoce el reagrupamiento y el permiso de trabajo.

Corbacho señaló que la Ley distingue entre la "familia nuclear" y los ascendientes. Para reagrupar a los ascendientes el trabajador inmigrante tendrá que acreditar que reside en España desde hace cinco años y el ascendiente tener más de 65 años.