El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto al derecho al honor, intimidad e imagen de los detenidos o presos.
Así lo ha manifestado en una reunión celebrada con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP).
Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá ha convenido en buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado.
El ministro se ha reafirmado también en la necesidad de incorporar la protección de estos derechos en el nuevo estatuto del investigado y ha reiterado que son las autoridades competentes (órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias) los destinatarios de esta norma y no los medios de comunicación, que deberán regirse por los criterios arbitrados en sus códigos de ética profesional.
Reforma de la LECrim
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite en el Congreso, ha incorporado una enmienda que obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales".
Esta enmienda a la reforma del artículo 520 propuesto por los "populares" no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar "pena de Telediario".
Preocupación de los medios
Las Asociaciones de editores y periodistas habían mostradon su "inquietud" porque la reforma de este artículo "pone en peligro" el derecho constitucional a la información.
En concreto, dichas asociaciones han asegurado que, tanto en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen. Además, entienden que las palabras "adoptar las medidas necesarias" crean "un gran desconcierto y total inseguridad jurídica" en profesionales y medios, "por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial".
Por ello, han celebrado la "voluntad de diálogo" del ministro de Justicia, y su intención de "buscar fórmulas" para modificar la redacción de este artículo.
