La presentación por el PP de una reforma legal para asegurar la efectividad de las resoluciones del TC, más concretamente, de una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, ha levantado numerosas reacciones.
Catalá: la reforma pretende fortalecer las capacidades del TC
En primer lugar, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que esta reforma no tiene el objetivo de crear una "ley de sanciones" sino que intenta "fortalecer las capacidades del TC para hacer ejecutivas sus resoluciones".
En declaraciones a los medios antes de su intervención en el Pleno del Senado, el ministro ha aclarado que la reforma garantiza "la ejecutividad de los actos y resoluciones del tribunal". Así, ha puesto de manifiesto que la reforma dota al Constitucional de instrumentos de los que ya dispone hoy en día el poder judicial y que están reflejados, por ejemplo, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para así "reforzar el cumplimiento de las resoluciones del tribunal".
"Son múltiples las medidas de requerimiento, de información, no es una ley de sanciones, ni mucho menos, es simplemente una ley de fortalecimiento de las capacidades del TC de hacer ejecutivas sus resoluciones, parece algo bastante razonable", ha concretado.
Asociaciones de jueces y fiscales
A este respecto, las asociaciones de jueces y fiscales han coincidido en la necesidad de reformar la ley del Tribunal Constitucional (TC) para establecer "claramente" que tiene fuerza ejecutiva y sus resoluciones deben ser cumplidas. Eso sí, mientras unas creen que la urgencia del cambio está justificada, otras entienden que se trata de una "improvisación" que transmite la sensación de que el Estado no tiene medios para frenar la deriva secesionista catalana y el PP no confía en la justicia ordinaria.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido que "nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma legislativa, después de que con ocasión de la consulta soberanista del 9N hubo quien argumentara "equivocadamente" que las resoluciones del TC solo eran declarativas. "No nos parece mal que se ponga claramente que son ejecutivas en una ley", ha apuntado.
Por ello, la asociación, mayoritaria en la Carrera Judicial y de carácter conservador, ve con buenos ojos que el Alto Tribunal pueda imponer multas coercitivas o acordar una suspensión "instrumental" de funciones en la medida en que el ejercicio de estas entorpezca la orden emitida por este órgano. "Si no llegaríamos al círculo vicioso de la inejecución", ha añadido.
En cuanto a la urgencia de la tramitación en el Congreso, Llarena ha respondido que se trata de una vía "lógica a la altura de las circunstancias".
Esta opinión coincide con la del presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que ha resaltado la "cosa está calentita, por lo que habrá que intentar" evitar un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.
"Me parece bien y es necesario. Hemos visto a veces como sus peticiones se quedaban en nada por falta de medios para hacerlas eficaces", ha manifestado Gallardo, al ser preguntado sobre la norma presentada por el Partido Popular en la Cámara Baja.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha destacado que se pueden estudiar las competencias ejecutivas del Tribunal Constitucional para que sus resoluciones "no queden en papel mojado", pero hay otras formas de aplicar las sanciones. "Los juzgados ordinarios tienen competencias propias en casos de desobediencia", ha remachado.
En este sentido, ha planteado que el TC está concebido como el máximo intérprete de la Carta Magna con una misión esencial en la protección de los derechos fundamentales y no como un "gendarme de urgencia" para cuestiones políticas. "Se corre el riesgo de que el PP da la impresión de que no confía en la independencia de los jueces ordinarios y el TC está politizado", ha añadido.
"El Gobierno ha tenido bastante tiempo y es poco comprensible que en la recta final de legislatura aborde deprisa y corriendo una cuestión de tanta trascendencia", ha señalado Bosch, para añadir que el alcance de la reforma requiere de una "reflexión adecuada" y de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, algo "poco compatible" con la urgencia de la vía escogida.
En esta línea, se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, al manifestar que la "Justicia tiene mucho que decir" en esta reforma, por lo que no parece lógico que el PP eluda los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.
"No se puede hacer de la noche a la mañana, es una muestra de improvisación a un mes de las elecciones catalanas que da la sensación de que el Estado no tiene mecanismos suficientes ante la situación de Cataluña y de que la papeleta la tiene que sacar adelante el Tribunal Constitucional", ha concluido Viada.
Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Emilio Frías ha manifestado que "no sería malo" que el Constitucional pueda ejecutar por sí mismo sus resoluciones, aunque "otra cosa distinta es imponer sanciones". En este sentido, ha explicado que las multas no son novedosas y ha defendido el respeto al principio acusatorio y la audiencia del interesado en medidas como la suspensión de funciones.
Grupos políticos
En el ámbito político las reacciones han sido mayoritariamente negativas, comenzando por las provenientes del ámbito catalán. Así Artur Mas ha acusado al PP de querer "cargarse el estado de derecho" con esta reforma.
En un acto en Girona este martes, el presidente catalán ha asegurado que es "esperpéntico" que el PP aproveche su mayoría absoluta para atribuir al TC funciones que, según él, no le tocan, lo que constituye "un retroceso histórico muy grande".
Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha censurado que la propuesta del PP "focaliza el incumplimiento" en la independencia de las comunidades autónomas y ha advertido de que, ante un "problema político", la solución no es el "ataque" y la "amenaza", sino "el diálogo y la política".
Aunque ha precisado que aún no conoce "el tenor de la iniciativa" del PP, el portavoz del Gobierno vasco ha señalado que "llama la atención la focalización del incumplimiento": "O sea, que las sentencias del Tribunal Constitucional se pueden incumplir, como lo hace el Gobierno central, claramente en el ámbito de las políticas activas de empleo, (...) y parece que las únicas sentencias del TC que se quiere garantizar que se cumplan son solamente las que tienen que ver con la independencia de las comunidades autónomas. ¿Y las demás se puede incumplir?", ha señalado. (EUROPA PRESS)
