Más de dos de cada tres jueces y magistrados españoles,concretamente un 68%, considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia

Así lo revela la VI Encuesta a la Carrera Judicial que se ha hecho pública hoy. Esta encuesta se elabora a petición del CGPJ por SigmaDos mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo en nuestro país. A la misma se recibienron 1.285 respuestas, un 23,8 por ciento de la Carrera Judicial. El margen de error que se le atribuye es del 2,4 por ciento.

Independencia judicial y CGPJ

Los datos de la encuesta señalan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50 por ciento de la Carrera Judicial opina también que el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

La encuesta también revela que el 50 por ciento de la Carrera Judicial no conoce el nuevo modelo organizativo del CGPJ y que el 54 por ciento de quienes sí lo conocen lo valoran mal o muy mal. Además, el 64 por ciento de los jueces y magistrados no se siente identificado con los órganos de gobierno del Poder Judicial: Presidencias de órganos judiciales, Salas de Gobierno y Decanatos.

Respecto al funcionamiento de los órganos técnicos del CGPJ, predominan las valoraciones positivas sobre las negativas, destacando el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ): un 77 por ciento de los encuestados responde que funciona bien o muy bien. También superan el 50 por ciento de aprobación Formación continua, Informática y Formación inicial.

Presiones sobre los jueces

Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9 por ciento de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción. Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51 %), los políticos (43 %) y los particulares (26 %). El 67 por ciento de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.

Relación con otros colectivos profesionales

Respecto a la relación con otros estamentos profesionales presentes en su actividad profesional la valoración de la mayoría de los jueces y magistrados resulta claramente satisfactoria. Globalmente, el 82% valora muy o bastante satisfactoria su relación con los secretarios judiciales, el 81% tiene similar opinión respecto a su relación con el personal de los cuerpos de la Administración, el 77% considera muy o bastante satisfactoria su relación con los abogados, e igual valoración efectúa el 75% respecto a los fiscales y el 74% en relación a los procuradores.

La única excepción se produce en el caso de los graduados sociales respecto a los cuales la mayoría de jueces y magistrados no se muestra capaz de emitir una valoración (63%).

Curiosamente, el 90% de los jueces considera que registradores y notarios son profesiones jurídicas mejor tratadas que las de juez. 

Competencias autonómicas en Justicia

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84 por ciento en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Además, la práctica totalidad de la Carrera Judicial –el 91 por ciento- se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52 por ciento considera que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15 por ciento de los que trabajan en alguna de las Comunidades Autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización.

Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en las Islas Baleares y al 5 por ciento en Galicia. Por el contrario, el 54 por ciento de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43 por ciento contesta que no.

Reformas procesales para luchar contra la corrupción

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.

Así, la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86 %); de la revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79 %); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66 %).

Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60 %); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60 %); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59 %).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52 por ciento de los encuestados se muestra en contra y el 41 por ciento a favor.