En aplicación de sus estrategias sobre el mercado único digital y el mercado único, la Comisión Europea ha presentado un plan para impulsar el comercio electrónico combatiendo el bloqueo geográfico, haciendo más asequibles y eficientes los envíos de paquetes transfronterizos y fomentando la confianza de los clientes, mejorando su protección y garantizando el cumplimiento de las normas.

Este paquete de medidas sobre comercio electrónico complementa las dos anteriores propuestas legislativas sobre el suministro de contenidos digitales y la venta en línea y otras ventas a distancia de bienes, propuestas por la Comisión en diciembre de 2015, y la próxima propuesta de simplificación del IVA, prevista para el otoño de 2016.

El paquete sobre el comercio electrónico presentado hoy se compone de:

• 1. una propuesta legislativa para abordar el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento;
• 2. una propuesta legislativa sobre servicios de paquetería transfronterizos para aumentar la transparencia de los precios y mejorar la supervisión reglamentaria;  
• 3. una propuesta legislativa para reforzar la defensa de los derechos de los consumidores, y orientaciones para aclarar, entre otras cosas, qué debe considerarse una práctica comercial desleal en el mundo digital.

Impedir el bloqueo geográfico por la nacionalidad o el lugar de residencia del comprador

La Comisión propone un nuevo Reglamento destinado a garantizar que los consumidores que deseen comprar productos y servicios en otro país de la UE, en línea o en persona, no resulten discriminados en lo que concierne al acceso a los precios, a las ventas o las condiciones de pago, salvo que la discriminación esté objetivamente justificada por motivos como el IVA o determinadas disposiciones jurídicas de interés público.

Esta medida se justifica ante la evidencia de que, en el día a día, cuando un consumidor entra en una tienda en otro país de la UE, el propietario no le pide su documento de identidad para aceptar la compra o adaptar el precio o las condiciones. Sin embargo, en la economía en línea, con demasiada frecuencia, se impide a los consumidores acceder a ofertas en otros países, por ejemplo desviándolos hacia un sitio web específico de su país o exigiéndoles que paguen con una tarjeta de débito o de crédito de un determinado país.

La Comisión considera que esta discriminación no tiene cabida en el mercado único, por lo que ya ha instaurado el principio de no discriminación en la Directiva 2006/123, de servicios en el mercado interior y lo ha aplicado en sectores de servicios como las empresas de alquiler de automóviles o los parques de atracciones.

Con la nueva legislación propuesta, tanto las empresas como los consumidores sabrán, con mayor seguridad jurídica, qué prácticas están permitidas y cuáles no lo están. El Reglamento ofrecerá seguridad jurídica y medios para hacer respetar los derechos en relación con los productos y servicios vendidos en línea y en el comercio tradicional.

Para evitar una carga desproporcionada a las empresas, el Reglamento no impone una obligación de envío a toda la UE y exime del cumplimiento de algunas disposiciones a las pequeñas empresas que no alcanzan un umbral nacional en materia de IVA.

Reducir los costes del envío transfronterizo de paquetería

El Reglamento propuesto hoy aumentará también la transparencia de los precios y la supervisión reglamentaria de los servicios de paquetería transfronterizos, para que los consumidores y los minoristas puedan beneficiarse de envíos asequibles y opciones de devolución adecuadas, incluso en regiones periféricas.

La Comisión constata que los consumidores y las pequeñas empresas lamentan que los problemas relacionados con el envío de paquetes, en particular los elevados gastos que conllevan los envíos transfronterizos, les impidan realizar más ventas y compras en toda la UE. En concreto, los precios que cobran los operadores postales por el envío de un pequeño paquete a otro Estado miembro a menudo quintuplican los precios internos, y no existe una correlación clara con los costes reales.

Por ello, el nuevo Reglamento fomentará la competencia al introducir una mayor transparencia de los precios. La Comisión no propone aplicar un límite a los precios de envío. La regulación de los precios constituye solo un último recurso cuando la competencia no ofrece resultados satisfactorios. En 2019 la Comisión hará balance de los avances realizados y valorará la necesidad de adoptar nuevas medidas.

El Reglamento pondrá a disposición de los reguladores postales nacionales los datos que necesitan para supervisar los mercados transfronterizos y comprobar que los precios son asequibles y acordes con los costes. Asimismo, fomentará la competencia exigiendo el acceso transparente y no discriminatorio de terceros a los servicios y las infraestructuras de paquetería transfronterizos. La Comisión difundirá listas de precios públicos de proveedores de servicios universales para aumentar la competencia entre empresas del mismo sector y la transparencia de las tarifas.

La propuesta complementa las iniciativas de autorregulación adoptadas por los operadores postales para mejorar la calidad y la comodidad de los servicios de paquetería transfronterizos.

Aumentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico

En tercer lugar la Comisión ha presentado una propuesta de revisión del Reglamento CE 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, para dar más poderes a las autoridades nacionales para defender mejor los derechos de los consumidores.

En virtud de esta nueva norma, las autoridades podrán:

• 1. Comprobar si en los sitios web se hace un bloqueo geográfico de los consumidores o se ofrecen condiciones de postventa que incumplan las normas de la UE (por ejemplo, los derechos de desistimiento);
• 2. Ordenar el cierre inmediato de sitios web en los cuales se cometan estafas;
• 3. Solicitar información a los registradores de dominios y a los bancos para conocer la identidad del comerciante responsable.

En el caso de violaciones de los derechos de los consumidores a escala de la UE, la Comisión podrá coordinar acciones comunes con las autoridades policiales nacionales para poner fin a estas prácticas. Ello garantizará una protección de los consumidores más rápida y ahorrará tiempo y recursos a los Estados miembros y a las empresas.

Orientaciones actualizadas sobre prácticas comerciales desleales

La Comisión publica también orientaciones actualizadas sobre prácticas comerciales desleales para afrontar, en particular, los desafíos que plantea el mundo digital.

A este respecto, aclara la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Por ejemplo, toda plataforma en línea que pueda considerarse un «comerciante» y promueva o venda bienes, servicios o contenidos digitales a los consumidores debe garantizar que sus propias prácticas comerciales cumplan plenamente el Derecho de la UE sobre los consumidores.

Las plataformas deben indicar claramente que las normas sobre las prácticas comerciales desleales no se aplican a las personas privadas que vendan bienes, y los motores de búsqueda deben distinguir claramente entre los posicionamientos de pago y los resultados de una búsqueda normal.

Las orientaciones revisadas incluyen también dos conjuntos de principios de autorregulación acordados entre las partes interesadas: uno apoyará los instrumentos de comparación para mejorar el cumplimiento de la Directiva y el otro ayudará a velar por el cumplimiento de las normas sobre las prácticas comerciales desleales en el caso de las alegaciones medioambientales engañosas e infundadas.