La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley del PP, que reclama la elaboración de un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad en un proceso judicial, reforzando sus derechos y en especial el de ser escuchado.

La propuesta incluye además, el impulso de “salas amigables” para los menores, creando en el entorno judicial un espacio apto para ellos, como colectivo "especialmente vulnerable".

La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto y la abstención del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Evitar la doble victimización del menor y mejorar la defensa de sus intereses

Evitar la doble victimización del menor y mejorar su participación y la defensa de sus intereses en los procesos judiciales en los que interviene, son cuestiones que están en el punto de mira de la legislación europea y nacional. El Estatuto de la Víctima del delito, y la reforma del sistema de protección a la infancia, se hacen eco de esta situación.

Miles de niños pasan cada año por los juzgados en la UE, bien por ser víctimas de delito o por verse afectados por la crisis de pareja de sus progenitores. Según datos aportados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en su Informe sobre la situación de los menores de edad en los procedimientos judiciales, sólo en 2010 y sólo en once Estados miembros, cerca de 74.000 niños fueron víctimas de delitos y 495.000 se vieron afectados por el divorcio de sus padres.

Sostiene este Informe, que la justicia debe estar «más adaptada a la infancia» y que no se puede permitir que «los niños se sientan desconcertados o estresados cuando participan en procedimientos judiciales» o que «las audiencias sean traumáticas para los niños, tanto en los procedimientos penales como en los civiles», y conmina a los Estados miembros a «garantizar que los derechos de los niños en estas situaciones se respetan y se cumplen».

En los procesos civiles derivados de una crisis de pareja, el menor será el destinatario de la mayor parte de las medidas que se adoptarán, y por ello debe poder intervenir en un proceso en el que se van a tomar decisiones que, de una forma directa o indirecta, le van a afectar en su vida diaria durante muchos años.

Sin embargo, la realidad de estos procesos revela las dificultades que existen para que esta participación sea real y efectiva, y para que las decisiones sean tomadas en defensa del Interés Superior del Menor. En estos procesos el menor se encuentra en mitad de múltiples profesionales que pueden tener intereses opuestos: abogados «defensores» de una y otra parte, policía, equipos técnicos de los juzgados, médicos y psicólogos forense, servicios sociales de protección a la infancia, fiscales, jueces,… En opinión del Magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo «el menor es un satélite del proceso, todos hablan de él, pero muy pocas veces está bien defendido y representado».

El problema en la práctica diaria de los tribunales

Muchas son las cuestiones que plantea la práctica de los juzgados:

- ¿Cuándo podemos considerar que el menor tiene madurez para poder intervenir en los procesos matrimoniales?

- ¿Puede realmente el Ministerio Fiscal representar y defender al menor en estos procesos?

- ¿Cómo ha de hacerse y documentarse la exploración del menor?

- ¿Cómo han de organizarse las dependencias judiciales para facilitar las exploraciones?

- ¿Ha de darse más valor al informe del equipo psicosocial que al informe de parte?

En los procesos penales en los que los menores son víctimas de delitos de naturaleza sexual, la situación puede ser especialmente dramática. El menor, por la agresión sufrida, ve afectados sus derechos a la integridad física y psíquica y el libre desarrollo de su personalidad y eso no puede evitarse. Pero recordar lo ocurrido una y otra vez ante distintas personas desconocidas que intervienen en la investigación (Policía, Ministerio Fiscal, Juez instructor, equipos psicosociales, médicos forenses…) rememorando la agresión sufrida, conlleva riesgos de una victimización secundaria con entidad suficiente para producir nuevos daños psicológicos.

Ocurre, lamentablemente, señala el Secretario Judicial Manuel López Jara, que en la mayoría de ocasiones la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado será precisamente el testimonio del menor víctima, por lo que no puede prescindirse del mismo, so pena de la absolución del autor. Lo que lleva a plantearse otras cuestiones:

- ¿Cómo evitar esa doble victimización?

- ¿Cuáles son los requisitos para que el testimonio del menor constituya prueba de cargo para la condena del acusado?

Estudio monográfico de la cuestión

Todas estas cuestiones encuentran análisis y respuestas en el monográfico núm. 7 de LA LEY Derecho de familia, en el que bajo el título “Situación de los menores en juicio” y partiendo de un análisis realizado por la profesora Sonia Calaza de los procesos que afectan a los menores regulados en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, se analizan todas las cuestiones que tienen que ver con la defensa de los intereses del menor dentro del proceso judicial:

• La tutela del “superior interés del menor” en el proceso judicial, por Sonia Calaza
• La capacidad natural como criterio de determinación del derecho del niño a ser escuchado en los procesos matrimoniales, por Isaac Ravetllat Ballesté
• El menor en el proceso, por Ángel Luis Campo Izquierdo
• La víctima menor de edad en el procedimiento penal: su estatuto jurídico y protección, por José Ángel Lorenzo Soliño
• Cómo afecta el proceso judicial de la salud infantil, por José A. Díaz Huertas
• La audiencia del menor en los procesos judiciales, por Ana Isabel Berrocal
• Requisitos para que el testimonio del menor, víctima de delitos de naturaleza sexual, constituya prueba de cargo para la condena del acusado, por Manuel López Jara
• El interés superior del menor a partir del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por David Guinea
• ¿Mater semper certa est? Análisis de dos casos relativos a este principio en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, por Luz M. Martínez Velencoso

Estudios de Jurisprudencia

• La restitución del menor tras su traslado ilícito por uno de los progenitores, por Carmen Callejo
• Los límites del derecho de los abuelos a relacionarse con los nietos, por Jesús Messía
• Filiación genética versus filiación jurídica: a vueltas con la maternidad subrogada, por Jesús Flores