El Parlamento Europeo aprobó un informe sobre los precios de los alimentos en la UE, en el que se exige que se apliquen medidas para combatir la especulación en la cadena alimentaria, responsable de que los agricultores tengan bajos ingresos mientras que los consumidores se enfrentan a altos precios. Así, propone un sistema de seguimiento del mercado, la creación de una base de datos con precios de referencia, el fomento del asociacionismo entre los productores y el consumo de productos locales.
Según la ponente, la socialista griega Katerina BATZELI, "los precios pagados por los consumidores europeos son, de promedio, hasta cinco veces superiores a los precios a la salida de la explotación". En este sentido, señala que hace 50 años los agricultores europeos "percibían aproximadamente el 50% del precio minorista y que desde entonces a hoy esta proporción —junto con una transformación de los alimentos notablemente mayor— ha ido disminuyendo rápidamente.
De acuerdo con el informe, aprobado por 390 votos contra 112 y 71 abstenciones, la causa de este incremento en los precios reside fundamentalmente en la creciente concentración a lo largo de la cadena de distribución de alimentos, el grado de transformación de los productos y "la especulación sobre los productos agrícolas básicos". Por ello, el texto "insiste en la importancia que revisten los instrumentos de regulación de los mercados, más necesarios que nunca en el contexto actual".
También señala que "las grandes empresas tienen ventajas económicas claras y notorias (economías de escala y de alcance) que les permiten reducir los costes y, por ende, los precios", y reprocha a la Comisión que obvie los efectos distorsionadores en el mercado que tiene "el abuso de posición dominante que se observa en el sector minorista y, en cierta medida, en el sector mayorista". Un ejemplo de estas políticas es la venta de alimentos por debajo de su coste.
"Las prácticas anticompetitivas aplicadas por las empresas que tienen una gran cuota de mercado, como los acuerdos de exclusividad o la vinculación obligatoria de productos, constituye un grave retroceso en el proceso de establecimiento de una competencia sana en la cadena alimentaria", sentencia el informe. Por ello pide que, dentro de la Red Europea de Competencia (REC), se coordinen las medidas de los Estados miembros para investigar las prácticas anticompetitivas aplicadas por las empresas comunitarias.
Medidas propuestas
Entre las medidas propuestas por la Eurocámara está que el comercio justo se controle y desarrolle en el marco de una estrategia a escala europea, dado que "los minoristas pueden aprovecharse de etiquetas del tipo 'comercio justo' para incrementar sus márgenes de beneficio".
Asimismo, apoya la propuesta de crear, en estrecha cooperación Eurostat, un sistema europeo de seguimiento del mercado para registrar las tendencias de los precios a lo largo de toda la cadena de distribución de alimentos, ya que ayudaría a garantizar la transparencia.
También reclama que se establezca una base de datos, de ámbito europeo y que sea accesible a los ciudadanos, que contenga los precios de referencia de productos alimenticios, medios de producción, salarios o impuestos en los diferentes países de la UE. Asimismo, propone la creación, en cooperación con la FAO (la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU), de un observatorio internacional de los precios de los alimentos.
Por otro lado, anima a la creación de "organizaciones de productores, cooperativas u organizaciones similares", que ayudarían a "reequilibrar su peso en la cadena alimentaria, aumentando el poder de negociación de los agricultores" dentro de la cadena de distribución. También piden que se tomen medidas para impulsar el concepto de "alimentos locales", especialmente de promoción e información de los consumidores. Este tipo de comercio, argumenta, permite "el contacto directo entre productores y consumidores".
