La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ultimó ayer el proceso de escucha que ha mantenido durante estas últimas semanas para atender a las distintas organizaciones y entidades que así lo habían solicitado en relación con la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva en la que trabaja el Gobierno.
En primer lugar, la ministra se ha entrevistado con 18 representantes de las más de 200 organizaciones que forman parte de la Red Estatal de Organizaciones Feministas, entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mujeres para la Salud o las Católicas por el Derecho a Decidir. Durante el encuentro, según Aído, ha existido “coincidencia” en la mayoría de los aspectos, sobre todo en la necesidad de garantizar el acceso en igualdad de condiciones en todo el territorio, dentro del Servicio Nacional de Salud Pública y en la seguridad jurídica y en la protección de las mujeres.
Asociaciones Provida
En cuanto al encuentro que ha mantenido con la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, la titular de Igualdad ha agradecido “el tono y las aportaciones”. Así, se ha referido a la necesidad de que exista un procedimiento informado, hoy inexistente, para que las mujeres conozcan todas las ayudas que hay en caso de que quieran continuar adelante con el embarazo. En este sentido, la ministra ha querido poner en valor las políticas de apoyo a la maternidad y paternidad que ha puesto y está poniendo en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; “el Gobierno que más ha apostado y está apostando por los derechos de las madres y de los padres en toda la historia de este país”, ha manifestado.
De recho a Vivir
En cuanto al encuentro que ha mantenido con los miembros de Derecho a Vivir, Gádor Joya, Luis Chiva, César Nombela y Nicolás Jouve, Aído ha señalado que de todo el proceso de escucha ésta ha sido la única reunión “totalmente estéril”, ya que han acudido al encuentro con posturas extremas y posiciones cerradas y con dos únicos planteamientos: modificar el informe del Comité de Personas Expertas con sus valoraciones contrarias a la interrupción del embarazo en todos los casos, supuestos y plazos, y que el Gobierno desista de la reforma de la legislación actual.
En este sentido, Aído ha asegurado que “este Gobierno, que está tan por la vida como ellos, no puede someter una cuestión como ésta a criterios religiosos o extremos como los que plantean”, y les ha manifestado que el Gobierno seguirá adelante con la reforma de la ley para mejorar la situación actual con mayor información, educación y prevención de embarazos no deseados, con más garantías jurídicas para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en unos plazos y supuestos perfectamente definidos y con más garantías, también para el personal sanitario que las asiste.
“Se trata -ha dicho- de proteger mejor a las mujeres y a los profesionales que las atienden y además, de establecer un límite donde no lo había”, ya que, según ha explicado, el 97% de las interrupciones se realizan acogiéndose al supuesto de salud de la mujer que no tiene ningún plazo.
Ronda de escucha
A lo largo de estas dos semanas de encuentros, la ministra ha constatado que “ha habido prácticamente unanimidad en que después de casi un cuarto de siglo, la actual regulación se nos ha quedado vieja, permite arbitrariedades y es manifiestamente mejorable. Por eso queremos hacer la mejor ley posible. Una nueva norma de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva, moderna, equilibrada, que solucione los problemas de la legislación actual, similar a la que tienen los países de nuestro entorno”. A partir de ahora, comienza la elaboración del texto del anteproyecto que, según sus palabras, “esperamos tener listo antes del verano”.
La ronda de reuniones comenzó el pasado 18 de marzo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Posteriormente ha recibido al Consejo de la Juventud, las Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la Sociedad Española de Contracepción, la Federación Española de Planificación Familiar, así como con asociaciones de mujeres y colectivos denominados provida.
