El informe de la diputada liberal rumana Adina-Ioana VALEAN señala que en 2006 cerca de 8,2 millones de ciudadanos de la Unión ejercían su derecho a residir en otro Estado miembro. Además, recuerda que la Comisión Europea ha recibido hasta ahora más de 1.800 denuncias individuales (115 registradas), 40 preguntas del Parlamento y 33 peticiones, y ha iniciado cinco procedimientos de infracción por la aplicación incorrecta de esta directiva.
De acuerdo con los datos que aporta la Comisión, ningún Estado miembro ha transpuesto de manera correcta esta norma. Las dos infracciones más comunes son, por un lado, la de limitar la entrada y residencia de los miembros de las familias de terceros países y, por otro, exigir que los ciudadanos de la Unión adjunten a las solicitudes de residencia documentos adicionales, como permisos de trabajo y justificantes de que se dispone de un alojamiento adecuado, lo cual no viene recogido en la directiva.
Por otra parte, los diputados hacen hincapié en que a menudo los motivos que pueden justificar una orden de expulsión “varían de un Estado miembro a otro, son confusos y podrían dar lugar a abusos”.
El pleno de la Eurocámara, que ha aprobado el informe con 500 votos a favor, 104 en contra y 55 abstenciones, asegura que la transposición incorrecta de esta legislación “debería condenarse con firmeza”, ya que conduce a la falta de aplicación de uno de los derechos esenciales en los que se fundamenta la UE. Por eso, insta a los Estados miembros a que revisen y modifiquen cuanto antes la legislación y las prácticas administrativas contrarias a la legislación comunitaria.
Asimismo, el informe recalca que la deficiente transposición de la directiva demuestra que “la Comisión ha sido incapaz de garantizar un cumplimiento coherente y oportuno de la directiva ni de gestionar el gran número de quejas de los ciudadanos”.
Parejas del mismo sexo
El Parlamento Europeo insta a los países a que velen por el pleno ejercicio de los derechos reconocidos no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino también a las parejas registradas, los miembros de la familia y las parejas del mismo sexo reconocidas por un Estado miembro. Asimismo, recuerda a los países de la UE que la directiva impone la obligación de reconocer la libre circulación de todo ciudadano de la Unión (incluidas las parejas del mismo sexo) sin imponer el reconocimiento del matrimonio entre cónyuges del mismo sexo.
No a la discriminación por raza u origen étnico
Los parlamentarios observan que los nacionales de determinados Estados miembros y pertenecientes a comunidades étnicas parecen ser objeto de “atención específica en algunos Estados miembros” y pide a la Comisión y a los países de la Unión que no se produzca discriminación alguna basada en nacionalidad, raza u origen étnico, “ya sea en la práctica o en la legislación".
Nuevos Estados miembros
El documento subraya que 11 Estados miembros han decidido seguir restringiendo el acceso a sus respectivos mercados de trabajo a rumanos y búlgaros. El documento pide la revisión de las disposiciones que siguen limitando la libre circulación de los nacionales de los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007 (entre ellos Rumania y Bulgaria), ya que “representan una discriminación sustancial y perjudicial entre los ciudadanos de la Unión”.
Procedimientos de infracción y conceptos malinterpretados
El pleno del PE pide a la Comisión que incoe procedimientos contra los países que dispongan de leyes nacionales incompatibles con la directiva y destaca que las prácticas administrativas nacionales a menudo constituyen importantes obstáculos al ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos.
Según los diputados, algunos Estados interpretan el concepto de “recursos suficientes” (condición para una estancia superior a tres meses) de forma confusa. Lo mismo ocurre con las nociones de “miembro de la familia”, “pareja”, “orden público” y “seguridad pública”.
