La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española lamenta la falta de diálogo y transparencia en la redacción del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno, que esperan “se compense ahora con una apertura de miras y otro espíritu ante las aportaciones y propuestas de la sociedad civil, de la que los abogados formamos parte a veces muy directamente”.
Para la Subcomisión del CGAE, “la reforma es ciertamente más compleja de lo que a primera vista pueda parecer, y desde luego mucho más de lo que el Gobierno ha querido dar a entender con sus informaciones a los medios de comunicación”. En su opinión, “se puede señalar que la reforma contiene elementos de signo muy variado que podríamos interpretar como una voluntad de dar una de cal y otra de arena”. Por eso la Subcomisión, califica algunos aspectos como “saludables con reservas” (derechos fundamentales, reagrupación familiar o las mayores garantías a dar a las víctimas de la trata de personas, entre otros) y otros como “aspectos francamente rechazables” como la restricción de derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación, o la reagrupación familiar de ascendientes menores de 65 años.
Criminalización de los inmigrantes
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, en su informe de valoración del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería, denuncia que el nuevo texto legal “criminaliza al inmigrante en situación irregular”, ya que, en su opinión, el texto “ha puesto el acento en los aspectos restrictivos y en el sentido de incrementar las sanciones frente a las situaciones de mera irregularidad”. También denuncia, que “la inclusión de conceptos rechazables, como el de riesgo de fuga, extraídos del derecho penal y que se contienen en la directiva europea de la vergüenza no hacen sino favorecer la criminalización denunciada”.
En este sentido, muestra también su preocupación por la terminología empleada en la redacción de la norma. El “control de la inmigración irregular” no es lo mismo que la “lucha contra la inmigración ilegal”. Debemos transmitir muy claramente que no es lo mismo “inmigración irregular” que “inmigración ilegal”, como tampoco es lo mismo “facilitar” que “beneficiarse o traficar” con la inmigración irregular. Estos problemas terminológicos han llegado incluso a hacer caer al redactor del anteproyecto gubernamental en un ¿lapsus? llegando a confundir la lucha contra la inmigración ilegal con la “lucha contra la inmigración” (Pág. 5; párrafo 4º de la Exposición de Motivos).
Por este motivo, la Subcomisión recomienda la elaboración de un apartado de definiciones que aclaren sin ambigüedades la terminología de la norma.
Menores no acompañados
Respecto al trato hacia los menores extranjeros no acompañados, la Subcomisión denuncia que “no se duda en incumplir Convenios Internacionales, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño cuando, ante la comisión de ciertos delitos, se le trata con la misma dureza y rigidez que a los adultos y se le somete a una “obsesión por la expulsión” digna de otra causa”. De esta forma, denuncian que se atenta gravemente a la seguridad jurídica del menor, que podrá ser repatriado incluso después de tener su permiso de residencia.
Internamientos como castigo
Sobre la ampliación del internamiento a 60 días, la Subcomisión apunta que “no debe ocultar que se pretende que el internamiento sea sistemáticamente por ese tiempo, eliminando la posibilidad expresa de autorizar internamientos menores. Ello refleja que en realidad el internamiento no se concibe como una medida cautelar, sino como un instrumento represivo”.
En opinión de la Subcomisión, “desde luego el principio de proporcionalidad (citado en el Anteproyecto) no despliega todos sus posibles beneficiosos efectos. Además, existe la posibilidad de suspender el cómputo del plazo de 60 días, lo que de hecho puede suponer la prolongación “sine die” del internamiento”.
Importancia de la Integración
Por último, la Subcomisión de Extranjería del CGAE recuerda y reclama que “el proyecto de reforma de esta Ley, debería servir de escenario para la reflexión a todos los estamentos implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España para desarrollar un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad con la persona como centro de su regulación y con la firme voluntad de reconocer y garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes”.
También apunta que, “aunque se está produciendo algunos retornos voluntarios en determinados colectivos, las personas que han llegado a nuestro país han venido para quedarse y es preciso que se realice su integración en derechos y deberes. La reforma de la Ley debiera tomar esta premisa como punto de arranque fundamental y no la elaboración de una Ley de extranjería que ponga su acento de forma casi exclusiva en los aspectos represivos sancionadores”.
