Con esta iniciativa, la Comisión continúa ampliando el pilar europeo de derechos sociales, con el fin de que los Estados miembros converjan hacia una mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, también responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha afirmado: «El papel de los interlocutores sociales es fundamental para que progrese el pilar europeo de derechos sociales, sobre todo para hacer frente a los desafíos que plantean las nuevas formas de empleo y para proporcionar unas condiciones de trabajo adecuadas en las formas de empleo atípicas. Unas reglas claras y unos estándares de empleo justos y compartidos pueden, en definitiva, proteger a las empresas que ofrecen a sus trabajadores información adecuada sobre sus condiciones laborales. La Comisión es consciente de la necesidad de encontrar el equilibrio entre la protección esencial de los trabajadores y el margen de las empresas para crear empleo e innovar en el mercado laboral. Ese es el sentido de nuestra propuesta».

Por su parte, Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha añadido: «Aunque los trabajadores tienen derecho a que se les informe por escrito de sus derechos y obligaciones al llegar a un puesto de trabajo, millones de europeos que trabajan con contratos atípicos no están seguros de sus derechos. Quiero que todos los trabajadores de la UE estén claramente cubiertos por las normas básicas, con independencia de su categoría profesional, ya sean trabajadores de una plataforma informática o repartidores. Garantizar unos contratos laborales más justos y predecibles constituye la base de unas condiciones de trabajo justas en toda la UE. Esto es lo que pretendemos con el pilar europeo de derechos sociales, que espero sea proclamado al más alto nivel político en la cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, que se celebrará en Gotemburgo el 17 de noviembre». 

La Comisión quiere ampliar el ámbito de aplicación de la actual Directiva sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo a las nuevas formas de empleo, como el trabajo según la demanda, el basado en vales y el de plataformas, de modo que nadie se quede atrás. También hay que modernizar la actual normativa, teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral en las últimas décadas. Si mejora la información que se les ofrece puntualmente al llegar a un puesto de trabajo, los trabajadores tendrán más conciencia de sus derechos, y podrán más fácilmente exigir que se cumplan. A los empresarios, la actualización de la normativa les aportará más claridad y seguridad jurídica, y les evitará la competencia desleal.

Los interlocutores sociales pueden exponer sus puntos de vista sobre la actualización de la legislación de la UE sobre los contratos laborales hasta el 3 de noviembre de 2017. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa antes de que acabe el año.

Antecedentes

El 26 de abril de 2017, la Comisión presentó el pilar europeo de derechos sociales en dos formas jurídicas de contenido idéntico: una Recomendación de la Comisión, aplicable desde esa fecha, y una propuesta de proclamación conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión. La redacción final del pilar europeo de derechos sociales consta de veinte principios y derechos que tienen por objeto lograr la convergencia hacia una mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE. La Comisión considera prioritario hacer realidad los principios del pilar; por ello presentó en paralelo una propuesta legislativa concreta para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los padres y los cuidadores, e inició la primera fase de dos consultas de los interlocutores sociales: una sobre la modernización de las normas relativas a los contratos laborales, y otra sobre el acceso universal a la protección social. Del 26 de abril al 23 de junio de 2017, los interlocutores sociales pudieron exponer sus puntos de vista sobre ambas cuestiones. Ahora ha dado comienzo la segunda fase de la consulta sobre la modernización de las normas relativas a los contratos laborales, a la que pronto seguirá la del acceso a la protección social. Esta segunda fase de la consulta se basa en los resultados de la primera.

La Comisión Juncker hizo de una Europa más social una de sus prioridades desde el comienzo de su andadura, como se reflejó en sus orientaciones políticas de julio de 2014. En septiembre de 2015, con motivo de su primer discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Juncker declaró: «Tenemos que redoblar los esfuerzos encaminados a conseguir un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo. (...) En el marco de estos esfuerzos, tengo la intención de desarrollar un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas y el mundo del trabajo». En su más reciente discurso sobre el estado de la Unión, el 13 de septiembre de 2017, el presidente confirmó el compromiso de la Comisión con el progreso del pilar, como medio esencial para crear un mercado interior más profundo, más justo y más social: «Si queremos evitar una fragmentación social y el dumping social en Europa, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre el pilar europeo de derechos sociales cuanto antes y, a más tardar, en la cumbre que se celebrará en Gotemburgo en noviembre. Los sistemas sociales nacionales seguirán siendo muy dispares y autónomos durante mucho tiempo. Pero, al menos, debemos ponernos de acuerdo sobre una Unión de Normas Sociales Europeas, en la que tengamos una interpretación común de lo que es socialmente justo. Europa no puede funcionar si ignora a los trabajadores».

La cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento se celebrará en Gotemburgo (Suecia) el 17 de noviembre de 2017.