La jueza de la Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión provisional incondicional de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, después de tomarles declaración en calidad de investigados por un delito de sedición en relación con los sucesos ocurridos en Barcelona los pasados días 20 y 21 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron frente a, entre otras, la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat de Cataluña donde la Guardia Civil realizaba registros ordenados por la autoridad judicial, causando daños graves en los vehículos de los agentes del instituto armado e impidiendo durante varias horas la salida de la comisión judicial.
En el auto notificado este lunes (Auto JCI de 16 Octubre 2017 rec. 82/2017, la magistrada destaca la importancia del papel que ambos jugaron en los hechos objeto del procedimiento, “participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento”.
Lamela, que aprecia “riesgo de reiteración delictiva” en Sànchez y Cuixart, también ha tomado declaración, asimismo en calidad de investigados por un delito de sedición, al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a la intendente de este cuerpo policial Teresa Laplana, quienes han quedado en libertad con la obligación de comparecer quincenalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte.
En el caso de Trapero, para quien la Fiscalía también había solicitado el ingreso en prisión provisional incondicional, la juez afirma que las explicaciones ofrecidas en su declaración coinciden en parte con las dadas por dos mandos de la Guardia Civil y por la letrada de la Administración de Justicia que intervinieron en los registros, en el sentido de que el número de personas concentrado frente a la sede de la Consellería de Economía hacía imposible el desalojo.
Además, la jueza recuerda que la investigación se circunscribe a los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre y considera que la posibilidad de reiteración delictiva en la que la Fiscalía fundamenta su petición de prisión “no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias”. Lamela tampoco aprecia riesgo de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas en el caso de la intendente Laplana.
Noticias JurídicasOrigen https://noticias.juridicas.com