La Abogacía mostró ayer su seria preocupación ante la incertidumbre que provoca el retraso en el desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso que puede poner en grave riesgo su desarrollo, cuando apenas faltan poco más de dos años para su entrada en vigor y, cuando, además, está pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña.
En el transcurso de las V Jornadas de Juntas de Gobierno del Colegios de Abogados de España, el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Comisión de Formación del CGAE, Antonio Hernández-Gil, señaló que después del primer borrador del Reglamento, claramente inadecuado, se está a la espera de que el Ministerio de Justicia entregue el segundo para su debate por todas las partes interesadas, especialmente los Colegios de Abogados, las Escuelas de Práctica Jurídica y las Universidades.
Este retraso puede hacer, entre otras cosas, que no haya tiempo suficiente para que Universidades y Escuelas de Práctica Jurídica puedan acomodar sus programas y organización a la nueva reglamentación. En la ponencia sobre formación, que se ha celebrado esta mañana, se puso de manifiesto la falta de sintonía entre los Ministerios de Justicia y Educación, a la hora del desarrollo de este reglamento, especialmente por problemas competenciales.
Hernández Gil señaló que, pese a las incertidumbres, existía consenso entre las Universidades y los Colegios de Abogados respecto a algunos temas fundamentales, como la duración de los cursos y de las prácticas externas e internas. También respecto a la necesaria inclusión de referencias a las normas deontológicas y éticas de la Abogacía, que no figuraban en el primer borrador del reglamento, así como a la introducción de las especialidades tanto en el proceso formativo como en la evaluación final; y, por último, a la necesidad de flexibilizar las prácticas externas y el papel del tutor.
El vicepresidente del CGAE hizo referencia a la falta de sincronía entre la Ley de Acceso y el proceso de Bolonia y resaltó el escaso tiempo de que se va a disponer y la necesidad de fortalecer el posicionamiento y la fuerza de mercado de las Escuelas de Práctica Jurídica, que están por delante en el proceso de homologación, pero en desventaja competitiva con las Universidades, que van a tratar de liderar este esfuerzo formativo.
Lotario Vilaboy Lois, director de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, resaltó en su intervención sobre la formación inicial del abogado, la amplia diversidad existente en la oferta de las EPJ, que por norma general ofrecen cursos de una duración media de entre 15 y 20 meses, con un período de enseñanza acumulado que va desde las 800 a las 1.000 horas lectivas.
Gema Tomás Martínez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Deusto, centró su exposición en la formación del abogado tras la puesta en marcha de la Ley de Acceso, el papel preponderante que desempeñarán las Universidades en la creación y conformación de los planes de estudio de las EPJ, que en la actualidad se encuentran algo desdibujados.
La directora del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, Marisol Cuevas Gama, expuso la necesidad constante de disponer de información actualizada a nivel legislativo y jurisprudencial, para poder ofrecerla de manera inmediata, tras cada reforma, a los abogados, quedando así al corriente de los últimos acontecimientos relevantes para su labor cotidiana.
En último lugar intervino Marta Isern, directora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona, abordando el tema de la especialización del abogado, planteando la duda entre abogados generalistas o especialistas. Ofreció estadísticas realizadas por el Colegio de Barcelona en las que se observa una creciente especialización de abogados jóvenes (hasta 45 años) mientras se mantiene la corriente generalista en los abogados de mayor edad y experiencia profesional.
En el animado turno de debate se instó por parte de los asistentes a “retar” a las Universidades a establecer convenios con los propios Colegios de Abogados, invirtiendo la tendencia actual, llegando a usar el término “OPA” para referirse a la oferta formativa que puede obtenerse alejándose del ámbito territorial, no siendo necesario pactar con las Universidades pertenecientes al espacio regional del Colegio.
Otra de las intervenciones destacó las desigualdades existentes en materia de formación continua de abogados entre los grandes Colegios, con fuentes de financiación suficientes, y los pequeños, con recursos exageradamente limitados.
