El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación promovida por el Gobierno contra el Acuerdo GOV/138/2017 de 2 de octubre, promovido por la Generalitat, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.
El Tribunal Constitucional anunció el pasado martes 16 de enero que iba a dar traslado de la demanda y documentos presentados al gobierno catalán, que dispone de un plazo de veinte días para aportar los documentos y alegaciones que considere convenientes.
El Tribunal deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones para la Generalitat “con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.
El citado plazo quedará suspendido durante el tiempo en que, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Consejo de Ministros ejerza las funciones y competencias que corresponden al Govern.
El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación del Acuerdo impugnado, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución.
Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
A raíz de esta decisión, el Constitucional recuerda que la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que éste será resuelto cuando se concluya el proceso judicial.
El polémico organismo fue creado a raíz de los hechos sucedidos el 1 de octubre a raíz del referéndum ilegal de Cataluña. El texto hace referencia a la “violencia y la represión policiales sufridas por buena parte de la ciudadanía de Cataluña” y establece que su objetivo es el de aclarar y analizar lo ocurrido y evitar la impunidad de los órganos y personas responsables.
Los integrantes de la Comisión serán, de acuerdo a lo que se establece en el acuerdo, “personas designadas por el Gobierno (autonómico), a propuesta de los departamentos proponentes, entre académicos, profesionales, representantes de entidades civiles y responsables de organismos competentes en el ámbito de los derechos humanos y del ámbito del derecho”.
