Sumario

La celebración del referéndum de autodeterminación, el pasado 1 de octubre de 2017, ha estado rodeada por hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales sufridas por buena parte de la ciudadanía de Cataluña que quería ejercer su derecho a votar de forma pacífica y sin alterar el orden público, y como consecuencia, también, de otras actuaciones y omisiones institucionales que dieron cobertura, justificaron o no reprimieron la violencia y la represión mencionadas. Estos hechos no solo no se pueden volver a repetir, sino que no pueden quedar impunes.

La gravedad y la dimensión de estos hechos, constatada en Cataluña y en el resto del mundo, exige reunir toda la información posible, analizar hasta qué punto se han violado las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas y adoptar todas las acciones legales para depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que ordenaron estas operaciones, de forma que se impida la existencia de cualquier espacio de impunidad.

Esta tarea la llevará a cabo una Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales que se hayan producido en Cataluña, integrada por expertos externos al Gobierno y por miembros de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad.

Además de analizar la información recogida, en los diversos formatos disponibles, determinar de forma objetiva los hechos producidos y los derechos infringidos y proponer las acciones legales que correspondan, la tarea de la Comisión también ha de servir para acompañar y reconocer a las víctimas de la represión policial y restablecer los derechos que les corresponden como ciudadanos catalanes y europeos.

Asimismo, la tarea de la Comisión permitirá velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales.

Por todo ello, a propuesta de los consejeros de Justicia, de la Presidencia y de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, el Gobierno

Acuerda:

1.- Crear la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales que se hayan producido en Cataluña con motivo del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017. Esta Comisión especial tiene por objeto documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña, como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos.

2.- El Gobierno de la Generalidad emprenderá las acciones legales, incluyendo las instancias internacionales, y se personará como acusación particular en los procesos penales correspondientes. También ofrecerá la cobertura que se considere necesaria para aclarar los hechos y depurar las responsabilidades en que se haya podido incurrir, tanto ante los tribunales como ante otros organismos.

3.- La Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña estará integrada por expertos externos al Gobierno, de ámbito catalán, estatal, europeo e internacional, y por miembros de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad. Las personas integrantes de la Comisión serán designadas por el Gobierno, a propuesta de los departamentos proponentes, entre académicos, profesionales, representantes de entidades civiles y responsables de organismos competentes en el ámbito de los derechos humanos y del ámbito del derecho u otras ciencias sociales que tengan por objeto el análisis del respeto a las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.

4.- Encargar a los departamentos proponentes el inicio de la recogida de la información de base necesaria para someterla al análisis de la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, sin perjuicio de la potestad de esta Comisión de solicitar y recibir de forma directa la información que considere de interés. La Comisión especial y los departamentos proponentes del presente Acuerdo contarán con el apoyo del resto de departamentos, dentro del ámbito respectivo de competencias.

5.- Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.