La Agencia Europea de Derechos Fundamentales comenzará a funcionar el 1 de marzo después de que los ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete adoptaran definitivamente el Reglamento sobre la creación de la Agencia, después de recibir el apoyo político de la Unión Europea el pasado mes de diciembre.
La Agencia asumirá las funciones que hasta ahora realizaba el Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia y se convertirá en un centro europeo sobre derechos fundamentales que dará continuidad a la labor del Observatorio. Su principal función será la de poner a disposición de los Estados miembros e instituciones material, expertos y jurisprudencia sobre derechos fundamentales, así como recopilar información y análisis. Sin embargo, no tendrá capacidad para emitir dictámenes sobre el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en el seno de la UE. Esto se debe a que la Constitución Europea todavía no ha entrado en vigor, ya que el Texto prevé que las decisiones judiciales y policiales no sean tomadas por unanimidad sino por mayoría cualificada, evitando de esta manera que un solo país pueda bloquear la adopción de medidas.
El origen de la insitución se sitúa en julio de 2005, cuando la Comisión Europea propuso crear una Agencia Europea de Derechos Humanos que apoyara a instituciones, organismos, funcionarios y agencias, tanto comunitarias como de los Estados miembros, en el respeto de los derechos fundamentales. Su actividad está relacionada con el capítulo VI del Tratado de la Unión, relativa a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
