Antes de comenzar a dar cuenta de lo aprobado en el Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno quiso referirse al nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado miércoles.

Dijo que, tras largos meses de análisis, debate y negociación con las Comunidades Autónomas, contamos por fin con "un modelo que va a asegurar a todos los ciudadanos con mayor justicia y equidad, y en igualdad de condiciones, el acceso a los servicios públicos".

El modelo, añadió, se sustenta en unos criterios plurales y está pensado para perdurar, porque garantiza a todas las Comunidades Autónomas recursos suficientes para prestar sus servicios a los ciudadanos hoy y en el futuro, gracias a su actualización anual.

Con este modelo, basado en los valores de "equidad, equilibrio y solidaridad", mejoran todas las Comunidades Autónomas y sobre todo "mejoran las perspectivas de los ciudadanos, residan donde residan", subrayó De la Vega.

Formación profesional

El decreto de Reconocimiento de Competencias adquiridas por la experiencia laboral permitirá que, a través de un procedimiento de evaluación, se pueda convalidar la experiencia laboral y los conocimientos adquiridos por una parte de un ciclo formativo o por un certificado de profesionalidad.

Tras el reconocimiento de su capacitación, los interesados podrán completar los módulos o estudios que deseen para conseguir o completar un título de Formación Profesional.

Este año ya se pondrán en marcha convocatorias relacionadas con la educación infantil y la Ley de Dependencia, unos sectores que en estos momentos tienen una demanda de trabajadores cualificados. Para ello, dijo la Vicepresidenta, se invertirán 3.500.000 euros para evaluar a unas 8.000 personas.

Este Decreto, a juicio de Fernández de la Vega, supone "un antes y un después" en el acceso a la formación profesional.

En el área de formación, el Consejo también ha aprobado 28 nuevos certificados de profesionalidad y la creación de la Escuela de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Esta última persigue fomentar la Inspección de Trabajo, ya que es un instrumento fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores, la seguridad en el trabajo, reducir la siniestralidad laboral, combatir el fraude y garantizar la igualdad. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo fija como objetivo alcanzar los 3.000 inspectores, agregó Fernández de la Vega.