El acto solemne de apertura del año judicial ha tenido lugar este lunes al medio día en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo presidido por el Rey Felipe VI. El monarca ha estado acompañado por presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y los máximos responsables en materia de Justicia, incluida la ministra Dolores Delgado.

En relación al cuadragésimo aniversario de la Constitución, Lesmes ha destacado la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad, “sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho o cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”.

La Constitución, ha añadido, es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, pero “no puede ser concebida como políticamente neutra”. Además ha subrayado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha alertado de los riesgos que para la existencia del Estado constitucional suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”.

Irrenunciable respeto al Derecho

En su intervención, el presidente del Poder Judicial se ha referido a la “grave incertidumbre” que recientes decisiones judiciales de otros Estados de la UE han generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; lo que ha provocado “la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial” basados en la confianza mutua.

“Sin embargo, una Europa fuerte, unida y solidaria debe consolidar su liderazgo mediante los valores del Estado de Derecho y, por dicha razón, pese a las dificultades, nuestra Justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa”, ha añadido.

“Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional, pues, si tal respuesta no se produjese, el efecto sería demoledor y el sistema de libertades quedaría fatalmente debilitado”, ha concluido.

Una Constitución plenamente democrática

El presidente del Poder Judicial ha manifestado que una Constitución “solo puede ser calificada de plenamente democrática cuando admite ser cambiada” y ha recordado que la española “prevé sus propios mecanismos de reforma e incluso de sustitución para dar satisfacción a las reclamaciones de cambio legítimo que permitan superar escenarios de insatisfacción, sin imponer”, a diferencia de la francesa o la alemana, “ningún núcleo normativo inaccesible al cambio”.

“Pero una Constitución plenamente democrática, y la nuestra lo es, obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente. Lo contrario supondría liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”, ha añadido.

La independencia judicial, pilar de la democracia

Lesmes ha afirmado que los jueces, “conscientes de que el formidable conjunto de principios y valores de la Constitución constituye una condición existencial de nuestro modelo de convivencia, asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa”.

Lesmes ha recordado que algunas reacciones a decisiones judiciales han desembocado, “incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional”.

Ante estas situaciones, ha asegurado que el CGPJ “ha actuado y seguirá haciéndolo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

Lealtad constitucional

Por último, Lesmes ha dicho que la Constitución arbitra un modelo de convivencia, pero que la clave de su eficacia reside “en la capacidad de generar la ‘adhesión emocional’ de una mayoría de ciudadanos”.

Esta actitud, ha agregado, “es deseable no solo para los ciudadanos, sino también para los Poderes Públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles, sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje, dando a las palabras el sentido que se corresponde con la realidad de lo que con ellas se quiere decir”, ha concluido.

Delitos por violencia de género, una prioridad

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía, correspondientes al ejercicio 2017, recordando, en primer lugar, al tristemente fallecido José Manuel Maza y a Julián Sánchez Melgar, que le precedió en el cargo.

En su discurso, se ha referido expresamente a la situación política en Cataluña, reafirmando el "inequívoco compromiso con el principio de legalidad" del Ministerio Fiscal frente al "desbordamiento del orden constitucional y estatutario" que vive la región desde el año pasado.

Por otro lado, Segarra ha insistido en la necesidad "inaplazable" de la reforma del modelo de proceso penal, que otorgue la dirección de la investigación de los delitos a los fiscales.

En relación a las cifras de criminalidad, ha resaltado la labor de la fiscalía anticorrupción. Se ha reflejado en el aumento de las causas abiertas (16%) y de las condenas por estos delitos (casi 14%). La preocupación por los delitos de violencia de género sigue siendo prioridad de la Fiscalía. En este sentido, ha señalado un par de datos esperanzadores. En 2017 se produjo un aumento de un 16% de las denuncias por estos delitos, y, al mismo tiempo, se redujo hasta el 20% el número de mujeres fallecidas que habían presentado denuncias anteriores, lo que, expresó, "permite advertir una moderada eficacia de la disuasión de la maquinaria judicial".

También ha valorado muy positivamente la inclusión de la perspectiva de género en la valoración de la prueba testifical realizada por recientes sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El aumento de los asuntos de violencia familiar cometida por menores (7%), ha indicado, resulta "particularmente inquietante".