María Teresa Fernández de la Vega compareció ayer en rueda de prensa acompañada de los miembros de la comisión de coordinación creada para conseguir la liberación del 'Alakrana'.
La Vicepresidenta confirmó que el pesquero ha sido liberado y navega con total autonomía escoltado por la fragata Canarias hacia las Islas Seychelles. Los 36 tripulantes del buque, según De la Vega, se encuentran bien y serán trasladados en avión a España en cuanto lleguen a puerto.
A todos ellos les ha transmitido el "cariño, apoyo y solidaridad del Gobierno", así como el reconocimiento por su actitud durante el secuestro. "Han demostrado valor y templanza, lo que sin duda ha resultado clave para el discurrir de los acontecimientos y su liberación".
Fernández de la Vega añadió que los tramites para lograr la liberación han sido muy complejos, agradeciendo la actitud de las familias por saber aguantar la enorme presión.
Apoyo de todos
Fernández de la Vega considera que el desenlace no hubiera sido posible sin el trabajo de todas las personas implicadas en la liberación: el armador, las Fuerzas Armadas, el personal diplomático, los servicios de inteligencia, los países que participan en la Operación Atalanta y del propio Gobierno somalí que también ha cooperado.
También ha destacado el esfuerzo realizado "con lealtad y responsabilidad" por los Gobiernos de Galicia y El País Vasco.
Por su parte, ha dicho, el Ejecutivo no ha "regateado ni escatimado esfuerzo alguno" para que los pescadores volvieran cuanto antes.
Estricta legalidad
María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que todas las actuaciones se han hecho dentro de la "más estricta legalidad". En este sentido, ha subrayado que en todo momento se ha cumplido la ley "porque cumplir la ley no es una opción, es una obligación".
El mandato de la Operación Atalanta, ha recordado, obliga a detener a las personas que participan en el secuestro de buques en la zona de Somalia y está establecido que las personas detenidas por actos de piratería, tanto en alta mar como en las costas de Somalia, sean entregadas con carácter prioritario para su enjuiciamiento a las autoridades del Estado miembro que hubiese realizado la captura.
La Vicepresidenta ha dicho que ahora es el tiempo de la justicia y los jueces dictarán la sentencia que consideren aplicando la ley.
Lucha contra la piratería
La Vicepresidenta ha anunciado que España solicitará a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos contra la piratería en el Índico.
Ha asegurado que el Gobierno estudia las posibilidades reales para mejorar la lucha contra la piratería con el respaldo y la autorización expresa de organismos internacionales de los que España forma parte, como Naciones Unidas, la OTAN y, en particular, en el marco de la propia Operación Atalanta.
El trazo de las líneas de actuación, según la Vicepresidenta, estará siempre regido por fines defensivos o de estabilización, mantenimiento y preservación de la paz y, por tanto, en el marco de la legalidad internacional. De esta manera, ha añadido, se amplia la eficacia y la seguridad jurídica en la actuación de los militares.
En el ámbito europeo, durante la Presidencia española de la Unión Europea, el Ejecutivo organizará una conferencia internacional para atender en su conjunto la situación en Somalia y contribuir de manera coordinada a crear un marco general de seguridad en la zona ampliando las operaciones militares específicas en la cuenca de Somalia, reforzando el control de los puertos y el intercambio de datos entre autoridades.
Además, el Gobierno explorará nuevas vías o fórmulas de cooperación con Somalia que permitan ampliar la colaboración del país en la lucha y prevención de la piratería y combatir la delincuencia organizada con medidas como la formación de soldados y guardacostas somalíes y apoyo al gobierno de transición para la creación de un verdadero Estado.
A nivel nacional, la Vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha promovido una reforma legal que permite aplicar medidas adicionales para mejorar la autoprotección de los pesqueros.
Al respecto, ha señalado que el Ministerio Interior ya ha autorizado el embarque de vigilancia privada y armas largas de precisión y el Ministerio de Defensa está facilitando formación al personal de vigilancia y apoyo para su traslado al Índico. El Gobierno también ha iniciado una reforma de Código Penal para endurecer estos delitos.
