Derecho de defensa, secreto profesional, reformas en la Justicia, huelga de jueces, cambios derivados de la aplicación de la Directiva comunitaria de Servicios, problemas con la Justicia gratuita y el Turno de Oficio, reformas jurídicas, derechos y libertades de los ciudadanos españoles y extranjeros, impulso a los acuerdos de conformidad entre fiscales y abogados, acceso a la sanidad pública de todos los abogados, defensa de los derechos humanos con una especial atención a los derechos de los niños…

Desde problemas siempre latentes en nuestra sociedad hasta temas ocasionales que han saltado a las páginas de los periódicos durante 2009, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha estado presente con su opinión en las páginas de medios de comunicación nacionales e internacionales y en foros diversos. Su compromiso con la sociedad, y con los derechos de los ciudadanos, además de con aquellos asuntos que afectan directamente a la profesión, ha hecho que el CGAE se posicione y actúe en muchas ocasiones de las que se han hecho eco más de 1.000 páginas de todos los medios.

Escuchas y derecho de defensa

Entre los asuntos que más han captado la atención de los medios durante este año 2009, el “Caso Gürtel” ha sido, sin duda alguna, el de mayor relevancia. El efecto mediático del asunto hizo que periódicos, radios y televisiones nacionales, regionales y locales, tanto en sus ediciones impresas como digitales, cubrieran todos los aspectos relacionados con la trama. Uno de estos aspectos afectó directamente a la Abogacía, las escuchas que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, primero, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira después, autorizaron sobre las conversaciones mantenidas entre los tres imputados encarcelados y seis de sus abogados.

El CGAE, al que pidieron amparo los letrados, emitió, el día 9 de octubre, un comunicado, mostrando su absoluto rechazo a lo ocurrido. Consideró que ese hecho, sin apoyo legal y fuera de la legalidad vigente, suponía una “violación del derecho de defensa y del secreto profesional”, y constituía “un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho”.

El órgano representativo de la Abogacía Española recordó que las grabaciones se autorizaron cuando la defensa del imputado, Francisco Correa, presunto cerebro de la trama, era asumida “por un abogado presuntamente implicado en la causa”, pero denunció que, a pesar de que éste fue sustituido por otro letrado, las escuchas siguieron adelante sin anular el auto anterior que las autorizaba ni emitir uno nuevo.

Además, puso de manifiesto que la ley reserva este procedimiento de forma claramente restrictiva a casos de terrorismo o cuando el abogado también esté imputado, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal.

Para el CGAE, “el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente, que además adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en el abogado en cuanto profesional encargado y responsable de la defensa. El abogado está eximido de denunciar y declarar como testigo en relación con los hechos que se le hayan confiado en su calidad de defensor, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

“Por tanto, sigue la nota, está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales y precisamente de aquellos derechos que nuestro sistema constitucional reconoce y garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad”.

Para el CGAE “estas prácticas repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho”. En este sentido, el presidente de la Abogacía reclamó públicamente una Ley Orgánica del derecho de defensa, que acabara con estos problemas.

Posteriormente, el Colegio de Abogados de Madrid anunció su intención de presentar una querella contra el citado juez Garzón, y el Colegio de Valencia manifestó que se adhería a la misma. La nota del CGAE tuvo un gran eco y el presidente Carlos Carnicer fue entrevistado por diversos medios como la cadena SER y El Mundo, entre otros.

Huelga de jueces

En febrero, más de dos mil jueces secundaron un paro histórico y sin precedentes en la carrera judicial. La instauración de la nueva oficina judicial, que determine las competencias de los jueces y los secretarios judiciales; la incorporación de las nuevas tecnologías; la formación adecuada de los funcionarios; el establecimiento de una carga máxima de trabajo; o la conciliación entre la vida familiar y laboral, eran algunas de sus reivindicaciones.

Ante esta situación, el CGAE, en representación de la Abogacía como miembro activo de la Justicia, se pronunció antes del paro –concretamente el 28 de enero-, sobre la “improcedencia” de la huelga anunciada por los jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales.

Si bien expresó que compartía la mayoría de las reivindicaciones, como la falta de medios materiales y humanos, así como una adecuada gestión, que reiteradamente ha denunciado la Abogacía española, entiende que los problemas por los que atraviesa la Justicia son mucho más amplios y profundos, y que la huelga de jueces y magistrados no sólo no aliviaría “la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia”, sino que agravaría “inútilmente el problema”.

Además, hay numerosa jurisprudencia, en algunos casos referida a la convocatoria de huelga por parte de abogados del Turno de Oficio, en la que el Tribunal Supremo ha señalado que entre el derecho a la huelga (artículo 28.2 de la Constitución) y la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho”todas las personas” (artículo 24) prima siempre éste último para que “en ningún caso pueda producirse indefensión”. Si esto es así para los abogados, no parece tener sentido que no lo sea para los jueces.

Leyes paraguas y ómnibus

Otro asunto que ha afectado directamente a la profesión de la Abogacía, ha sido la transposición de la ley europea sobre el Libre Acceso a las actividades de Servicios, conocida como Ley Paraguas, y la llamada “Ley Ómnibus”, que modifica un total de 47 leyes sectoriales, que aborda una reforma profunda de la Ley de Colegios Profesionales y que impone nuevas obligaciones a estas corporaciones especialmente en lo que se refiere a los principios de transparencia. Buena gestión, servicios a los ciudadanos y responsabilidad, lo que también afecta al ejercicio profesional de los abogados.

Tras la aprobación de la Ley Ómnibus, se prevé un plazo de 12 meses, para la aprobación de la Ley sobre Colegiación, que definirá qué profesiones mantienen una colegiación obligatoria –la Abogacía parece no ofrecer ninguna duda en este sentido y cuáles no, y para la aprobación sobre visados, que definirá cuáles son obligatorios y cuáles dependerán de la voluntad del cliente en el ejercicio de las profesiones técnicas.