El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro del Interior sobre la evolución y el futuro de la atención a las víctimas del terrorismo, con especial incidencia en las medidas legislativas pasadas, presentes y futuras.
Después de un amplio período de consultas con las asociaciones y con las entidades de protección a las víctimas del terrorismo, y con las propias víctimas y sus familiares, y tras un profundo estudio en el Ministerio del Interior de la legislación vigente, es posible establecer los principios fundamentales que deberán presidir esa futura Ley:
- unificar en un solo texto legal todas las indemnizaciones.
- incluir todas las prestaciones complementarias (educativas, sociales, psicológicas, etc.) de cualquier índole y naturaleza.
- incrementar la solidaridad con las víctimas desde dos puntos de vista: con un aumento cuantitativo de las prestaciones y con una aplicación retroactiva de las mismas para aquellas personas que hayan recibido en concepto de indemnización por daños y de indemnización por sentencia una cuantía inferior a la prevista en la nueva Ley.
- establecer un baremo que determine la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada en sentencia judicial, para que esa aportación solidaria y equitativa del Estado no genere diferencias de trato.
- proteger a las víctimas, tanto de actos de ostentación pública del terrorismo y de noticias o publicidad que pueda afectar a su sensibilidad, y hacer patente de forma permanente la visibilidad y la memoria de las víctimas y de sus representantes.
Por último, la voluntad sería iniciar la tramitación de la futura Ley, que figura incluida en el programa legislativo del Gobierno, como Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados durante el presente período de sesiones y tenerla finalizada este mismo año, y aprobar en el primer semestre de 2011 el futuro Reglamento de la Ley, de tal manera que los plazos de solicitudes de ayudas puedan estar abiertos a finales del próximo año.
Balance y situación actual
El terrorismo es, quizás, la peor lacra con la que ha tenido que convivir nuestro país desde la restauración de la democracia. La protección a sus víctimas ha constituido una de las preocupaciones fundamentales del Estado. A lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando un sistema de ayudas que contempla el reconocimiento de pensiones extraordinarias, la indemnización por los daños personales sufridos y la indemnización en concepto de solidaridad con las víctimas vinculada a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista, como principales prestaciones, a las que se añaden otras por daños en bienes, ayuda para vivienda o tratamientos psicológicos, etcétera.
No obstante, a partir del 11 de marzo de 2004, junto a los fenómenos terroristas que habían sido desgraciadamente habituales en nuestro país, cuya incidencia se ha visto drásticamente reducida por la actuación de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, cobra nueva relevancia un terrorismo de raíz islamista, que afecta a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades residentes en nuestro país, y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desarrollan misiones internacionales de paz en el exterior.
A día de hoy en España han sido víctimas de actos terroristas 9.522 personas, de las cuales 1.382 han fallecido. El importe de las indemnizaciones satisfechas hasta este momento, tanto en concepto de indemnización como por sentencias judiciales, asciende a 722.694.182 euros.
En este contexto, nuestro sistema actual de indemnizaciones gira en torno a dos leyes, que articulan, respectivamente, las indemnizaciones de carácter general y las derivadas de la solidaridad con todos aquéllos que hayan sido víctimas de actos terroristas. Por ello, a partir del año 2004 se ha ido abriendo paso el concepto de “protección integral” a las víctimas del terrorismo, cuyo objetivo fundamental sería contemplar de forma unitaria todos los tipos de ayudas, sean de la naturaleza que sean, y recogerlas en un código normativo único.
