La Comisión Europea dio ayer el visto bueno al Estatuto Electrointensivo español, aprobado por el Gobierno el 15 de diciembre de 2020, y que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que "es una magnífica noticia que Bruselas avale el trabajo realizado por el Gobierno de España para que las industrias electrointensivas cuenten con un instrumento normativo estable, seguro y que da certidumbre al precio de la energía".

Maroto ha afirmado que, con este aval de la Comisión Europea, el esquema español para compensar parcialmente a las empresas intensivas en energía queda regulado bajo las normas de ayudas estatales de la UE".

Entre los mecanismos que incluye el Estatuto, y que han sido aprobados por Europa, cabe destacar la compensación de ciertos cargos repercutidos en los costes de la electricidad hasta un máximo del 85% de los costes imputables en los cargos -repercutidos en los precios del suministro de electricidad- por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP), que este año asciende a 92 millones de euros.

También se recoge el mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos. El Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), dotado con 200 millones de euros anuales, asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos.

Bruselas ha aprobado el Estatuto Electrointensivo tras determinar que está en línea con las Directrices comunitarias de ayudas de Estado para la protección del medio ambiente y la energía 2014-2020, que autorizan ciertas reducciones a este tipo de compañías muy expuestas al comercio internacional para asegurar su competitividad a nivel global.