Se cumplen mil días desde que el mandato constitucional de renovar el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) expirase - está en funciones desde enero de 2018 -. Desde entonces, el bloqueo político ha imposibilitado la renovación del máximo órgano de control de los jueces, que ha permanecido en un limbo jurídico.

Se trata de una tarea de suma importancia. Del CGPJ depende el nombramiento de miembros de tres tribunales clave: el Supremo, el Constitucional y el de Cuentas. A las salas del Tribunal Supremo, sin ir más lejos, este curso llegarán juicios tan mediáticos como el caso Gürtel, el caso Tándem, la revisión de los indultos, o el nombramiento de Dolores Delgado como nueva Fiscal General.

El Tribunal Constitucional, por su parte, tiene pendiente pronunciarse sobre la constitucionalidad de la nueva ley de educación (LOMLOE). 

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ya avisó "a los poderes públicos concernidos" en la apertura del Año Judicial en septiembre de 2020 que la no renovación del órgano de los jueces representaba "una seria anomalía". El 6 de septiembre arrancará el nuevo curso judicial, pero no se atisban principios de acuerdo en el horizonte.

Un modelo de los ochenta

Una de las principales asociaciones de jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), llama a reformar el sistema de renovación del Consejo y que sean los jueces los que elijan a su propio gobierno. Hace un par de semanas el Foro Judicial Independiente (FJI) y la AJFV plantearon que es posible reformar de forma rápida la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el sistema de elección de los vocales -de modo que los 12 de origen judicial sean elegidos por los propios jueces- antes de proceder a la renovación pendiente de este órgano.

El actual modelo surgió en 1985 tras un gran acuerdo entre los grandes partidos. Desde entonces, las fuerzas políticas han acordado el reparto de los candidatos.

La idea que subyace tras el sistema es que el órgano de dirección de los magistrados sea un reflejo de la voluntad popular. De ahí, que sus vocales sean propuestos por las Cortes. El actual Consejo fue elegido cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en 2013, por lo que, según la hoja de ruta, ahora tocaría una renovación con acento progresista. 

La asociación Juezas y Jueces por la Democracia llama a renovar el órgano de forma urgente, y luego, debatir posibles reformas. Acusan al Partido Popular de bloquear las negociaciones siempre que los cambios le perjudican (siempre como oposición y nunca como gobierno). En especial a la vista de algunos casos mediáticos, que se enjuiciarán este curso. 

A día de hoy, la ley señala que el CGPJ debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales. De estos, doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho juristas de reconocida competencia.