La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido este lunes amparo al nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante lo que han definido como "flagrante vulneración del artículo 24 de la Constitución a la que asistimos los consumidores".
En una nota de prensa, el grupo ve necesario instar al Gobierno a proveer "de recursos humanos y materiales suficientes para que abusos reiterados como los gastos de la hipoteca, el IRPH o la hipoteca multidivisa encuentren un cauce adecuado y no se agolpen en los tribunales especializados hasta 3 y 4 años". Una dilación que, aseguran, "termina disuadiendo al consumidor de reclamar".
"Trasladamos al nuevo titular de la institución que los mecanismos extrajudiciales son un 'parche' como se ha demostrado en numerosas ocasiones: tras el arbitraje de las preferentes, los tribunales se llenaron de reclamaciones y lo mismo sucedió con las cláusulas suelo, un fracaso absoluto, que trajo consigo la implantación de los juzgados especializados, sin medios materiales ni humanos suficientes", recalcan.
Avalancha de asuntos bancarios
“Pese a que la avalancha de asuntos bancarios sin resolver se acumula en estos juzgados, y que, como ya nos tememos, la crisis de la pandemia traerá consigo muchos más, no se articula ningún mecanismo disuasorio que evite que el predisponente coloque cláusulas abusivas o practique mala praxis y que, en caso de haberlo hecho, evite terminar en tribunales”, sostiene Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.
Súarez recuerda al nuevo Defensor del Pueblo que este sistema, además, “les sale sumamente rentable a las entidades, pues disuade a los consumidores de reclamar debido a la lentitud de la Justicia y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado”. La Justicia lenta no es Justicia, apostilla Suárez.
La única solución para que el afectado recupere el dinero es la demanda individual a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo. Y el coste de litigar es también una variable, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes: “Somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumido”, recuerda Suárez al nuevo titular de la institución.
