El Gobierno da un nuevo paso adelante para aprobar Ley de la Vivienda, pese al informe desfavorable del Poder Judicial que considera que el texto vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Ministros aprobó ayer, 1 de febrero, la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha recalcado que la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: "Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación".  Pedro Sánchez por su parte ha mantenido que "la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación", protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.

Protección del inquilinos y pequeños propietarios

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", ha afirmado.

No invade competencias autonómicas

La ministra de Transportes ha expresado el "respeto absoluto" del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que hizo algunas consideraciones.

A este respecto, ha destacado que el Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.

Según ha explicado la ministra, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.

Principales aspectos de la ley

Una de las medidas más destacadas de la nueva normativa es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez  ha explicado que se someterá a protección permanente "para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado". Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, puso como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.

La ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad ha afirmado la ministra y ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.

Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.

Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera "poco ético" que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.