El Gobierno da vía libre a que las series y las películas estrenadas directamente en plataformas de vídeo bajo demanda puedan recibir las mismas subvenciones que los largometrajes en salas. Es la principal novedad prevista en el anteproyecto de la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
Desde 2007, cuando entró en vigor la ley actual, y sobre todo en los últimos años, la cadena de valor ha experimentado cambios profundos. Se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital.
Esta Ley, junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, son reformas incluidas en el Plan de Recuperación cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual y país exportador de productos audiovisuales.
Novedades
Entre las principales novedades, destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine.
También se incluye la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras. Se trata de una novedad en favor de la creatividad, al eliminar los obstáculos que los requisitos de la ley vigente suponen a la creación.
Por otra parte, se opta por un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido para los contenidos audiovisuales en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición, con el fin de configurar un sistema más coherente y flexible.
También se incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Se aborda de una forma más amplia, acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Entre las novedades al respecto, se califica la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). Así tanto sus instalaciones como sus contenidos obtienen especial protección. Adicionalmente, se crean líneas de ayudas dirigidas a la protección del patrimonio audiovisual.
Además, se recogen políticas innovadoras dirigidas tanto al acceso de las personas con discapacidad a los contenidos audiovisuales, como a la inclusión de las mismas en los puestos de trabajo de las empresas beneficiarias de ayudas.
Así, se establece por ley la incorporación de sistemas de accesibilidad como requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución.
Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual
Por otra parte, se contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. Su objetivo es el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual entre todos los implicados, incluyendo comunidades autónomas, administraciones públicas y el sector.
Se crean además nuevas ayudas para promover la diversidad a través de la distribución de películas de difícil difusión en espacios alternativos o en internet y ayudas a la distribución internacional.
El Ministerio de Cultura y Deporte inicia a partir de ahora una ronda de contactos con representantes del sector, para presentarles la iniciativa y estudiar y enriquecer el texto. Tras este proceso, volverá al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.
Impulso al sector audiovisual en el Plan de Recuperación
El sector audiovisual y cinematográfico es una de las palancas del Plan de Recuperación que, además de las reformas regulatorias, contempla entre sus objetivos aumentar la producción audiovisual en España un 30%. Para ello, prevé la movilización de 1.603 millones de euros y reforzar el posicionamiento de España como hub audiovisual de Europa.
