Un nuevo avance en la lucha contra la corrupción. Ofrecer vías de denuncia contra prácticas irregulares es un paso importantísimo, pero para que realmente se pongan en practica resulta necesario fomentar una cultura de denuncia y confianza con la administración y para es necesario tomar medidas de protección al informante que eviten posibles represalias contra él.

A este respecto, el Consejo de Ministros ha presentado, este pasado viernes 4 de marzo, el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, como resultado de la transposición de una directiva comunitaria sobre la materia.

Informantes

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que los informantes son las personas que comunican, dentro de una organización pública o privada o a través de canales externos, infracciones en el ordenamiento jurídico interno o de la Unión Europea.

Llop ha concretado que el objetivo de la transposición de esta directiva es proteger a esas personas que informan de asuntos relacionados con la corrupción, con fraudes o violaciones de leyes en los países de la Unión Europea o de infracciones del derecho interno.

Con esta norma, cualquier ciudadano, trabajador o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia, incluido su entorno si fuera necesario.

Sistemas de información

La titular de Justicia ha añadido que la futura ley establece dos sistemas de información que garantizan la confidencialidad del informante:

- El canal interno, en el que se permiten las denuncias anónimas.

- El canal externo, mediante la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que determinará si el hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al informante.

Cultura anticorrupción

Con esta nueva regulación, a juicio de la ministra, "se incrementará la cultura anticorrupción, la cultura de la transparencia y la cultura de la calidad democrática" en los ámbitos de la administración y empresarial, y se evitará que las represalias contra las personas que denuncian queden impunes.

En su intervención, la ministra también ha resaltado que en el ámbito sectorial, organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España ya disponen de canales similares de protección al informante.

Por otra parte, Pilar Llop ha recordado que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción es una de las mayores preocupaciones de los españoles y, sin embargo, el número de condenas es muy bajo. Además, ha apuntado que el coste de la corrupción global en el mundo es de 2,3 trillones de dólares, lo que supone un 5% del Producto Interior Bruto total.