El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, y la directora de general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal, han participado este lunes en la reunión del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrada de manera urgente a propuesta del Ministerio de Justicia ante el repunte de casos de muertes por violencia de género en nuestro país.
Rodriguez ha puesto de manifiesto el compromiso del Ministerio en la lucha y erradicación de este tipo de violencia y ha expuesto algunas de las principales medidas tomadas en el gabinete que dirige Pilar Llop, como la creación de siete juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer.
Asimismo, se han creado 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para que el conocimiento de este tipo de asuntos recaiga en un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer, “con las que se busca una mejora del servicio, y un correcto equilibrio entre la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos y el mantenimiento de la proximidad del juzgado a la víctima”.
El SEJ también ha puesto en valor el refuerzo de personal que se está llevando a cabo en la Administración de Justicia, con la creación de nuevas Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI); la próxima puesta en marcha de las 26 unidades administrativas correspondientes a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que doblarán la actual plantilla que presta este servicio; o el sistema SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia) como herramienta de protección preventiva a las víctimas de violencia doméstica y de género.
SIRAJ, al que pueden acceder todos los órganos judiciales, permite extraer los datos identificativos del condenado o sometido a la medida cautelar, así como los datos personales identificativos de la víctima o la relación de parentesco entre ellos.
Por último, se ha convocado, también por iniciativa del Ministerio de Justicia, una nueva reunión urgente para el próximo 2 de febrero con representantes de las comunidades autónomas que se han adherido al Protocolo de Derivación de Víctimas entre las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito del Ministerio de Justicia y los servicios especializados de las autonomías.