La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar del desarrollo de los proyectos que lleva a cabo su Departamento. 

El Departamento que dirige ha puesto en marcha “una gran transformación de la Justicia”, ha dicho. Llop se ha referido a las tres leyes de eficiencia –la procesal, la organizativa y la digital- puestas en marcha por el Ministerio que dirige y que se hallan en trámite parlamentario, como “el intento más ambicioso que podamos haber realizado en este país para traer, de una vez por todas, la Administración de Justicia, al siglo XXI”.

Acuerdo

La ministra ha hecho un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para llegar al acuerdo sobre ellas y para que “no se instalen en el no”, y así “situar a la ciudadanía en el centro de un servicio público moderno y confiable”.

Según la ministra, “el Servicio Público de Justicia es sociedad”. Y por ello estas leyes fomentan una Justicia sin desplazamientos y orientada al dato a través de proyectos como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios.

En este punto, Llop ha hecho hincapié en el Manifiesto del Dato, un documento elaborado en cogobernanza con las Comunidades Autónomas (CCAA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE), ratificado de forma unánime en la Conferencia Sectorial tras su aprobación en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que busca la mejora de la eficiencia de la Justicia a través del tratamiento de los datos.

Iniciativas legislativas

Además de las leyes de eficiencia, Llop se ha referido a otras iniciativas emprendidas por el Ministerio, que se suman a la amplia participación de Justicia en las más de 200 leyes aprobadas por la coalición de Gobierno. Entre ellas, ha destacado el trabajo realizado para “poner al día la obligación de la trasposición de directivas comunitarias”. Así, se ha referido a la Directiva de informantes, la adecuación del ordenamiento español sobre Eurojust y la reforma Concursal.

En relación a esta última, la ministra ha anunciado la puesta en marcha, para su desarrollo reglamentario, del real decreto sobre administración concursal y el real decreto sobre el registro público concursal, “que van a poner solución a una problemática que se arrastraba desde hacía 10 años”, y que se suma “al verdadero hito” que ha supuesto para las micropymes de España la puesta en marca de la plataforma concursal el pasado 1 de enero.

La titular de Justicia se ha referido también a la trasposición de la Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas; así como a la Directiva sobre acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que espera que se debatan en este periodo de sesiones y que “nos situarán en una buena posición en el ámbito de la Justicia para asumir la presidencia de turno de la Unión Europea”.

Asimismo, Llop ha destacado la importancia del proyecto de ley de Derecho de Defensa, y el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos en los que trabaja su Departamento.

Aumento de un 223,5% de la dotación para becas

La ministra también ha puesto en valor los datos en relación a la oferta de empleo público: en la Administración de Justicia se ha pasado de un total de 1.452 plazas ofertadas en 2020 a 1.732 en 2022; para las carreras Judicial y Fiscal “la oferta no ha bajado de 200 plazas en esta legislatura”, y ha anunciado que está próxima la aprobación en Consejo de Ministros de la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal.

Llop ha incidido “en el gran salto adelante que hemos dado en empleo público e igualdad de oportunidades con el sistema de becas en el acceso a determinados cuerpos”, y ha informado del aumento del volumen del programa de becas para 2023, que cuenta con una dotación global de 5.239.880€, un 223,5% más que el año anterior, que permitirá convocar 792 becas. “Poco a poco, el origen socioeconómico está dejando de ser una barrera en el acceso a estas carreras”, ha incidido.

La ministra también ha querido destacar el avance en formación que está realizando el Ministerio a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). “En esta legislatura hemos conseguido formar por primera vez a todos los Cuerpos de funcionarios que dependen de Justicia y las plazas ofrecidas han aumentado en un 307% desde mi llegada”, ha asegurado, haciendo hincapié en la atención que se ha prestado a la formación en igualdad y lucha contra la violencia de género.

“El CEJ ha dado pasos de gigante para el desarrollo y mejora de la calidad de la formación a distancia con la incorporación de una Oficina de Transformación Pedagógica”, un proyecto, según ha explicado la ministra, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con cargo a los fondos Next Generation UE.

Digitalización

En la exposición parlamentaria sobre los proyectos que aborda su cartera, Llop ha dedicado un amplio capítulo a la digitalización, “motor de cohesión social y territorial”.

Medidas como la implantación del expediente judicial electrónico han permitido que un profesional acceda a la información que precisa en 20 segundos, frente a las más de tres horas que tenía que dedicar antes, ha expuesto.

De cara a los ciudadanos, la introducción de técnicas de automatización en la concesión de expedientes de nacionalidad ha posibilitado que, desde agosto de 2022 que se puso en marcha hasta febrero de 2023, se hayan realizado casi un millón y medio de procesamientos, generando más de 150.000 concesiones de nacionalidad por residencia y cerca de 25.000 de sefardíes. “A este ritmo, el atasco secular que había verá su fin con esta Legislatura”, ha anunciado.

En el capítulo de los avances que supone la digitalización, se ha referido a las más de 939.000 actuaciones telemáticas no presenciales, desde mayo de 2020 hasta agosto de 2022, lo que ha supuesto un ahorro de más de 19 millones de euros para los profesionales y ha evitado la emisión de más de nueve mil toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Según datos del Ministerio, la digitalización ha permitido también que más de 13.000 funcionarios hayan podido teletrabajar, lo que se traduce en más de 120.000 horas dedicadas a la conciliación familiar y profesional.

Según Llop, la digitalización y la inteligencia artificial incrementará la motivación de los funcionarios en su trabajo, ya que podrán dedicar más tiempo a cuestiones más especializadas. “Creo que este trato a los funcionarios de Justicia, poniendo en valor sus funciones y sus conocimientos es una obligación y una muestra de respeto”, ha explicado.

Asimismo, el Portal de Datos “es ya una realidad, lo que facilita la adopción de políticas públicas basadas en datos reales y objetivos”, ha explicado, y ha recordado la importancia de que el tratamiento de datos vaya de la mano de la ciberseguridad. En este punto, ha destacado el reciente compromiso adquirido por el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios de la nueva Oficina de Gobierno de Ciberseguridad creada en el seno del CTEAJE.

Infraestructuras

Por otro lado, la ministra ha hecho referencia a las inversiones en infraestructuras realizadas por su Departamento, destacando los 60 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la rehabilitación sostenible de 34 sedes judiciales en territorio Ministerio, así como “el desbloqueo” de las ciudades de la Justicia de Segovia, Palma, Badajoz y Valladolid.

Igualmente, ha destacado el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y los avances en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), refiriéndose, por ejemplo, al Protocolo de coordinación entre estos organismos y las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito del Ministerio de Justicia para la atención a la víctima de violencia de género, el Protocolo de actuación médico forense ante la violencia sexual en los IMLCF, o el desarrollo e implementación de un nuevo kit de muestras biológicas para mejorar la estandarización forense de la toma de muestras en delitos contra la libertad sexual.