Entre la ordenación estatal y la ley de la oferta y la demanda. Ahí se encuentra el territorio al que pertenecen los sectores regulados, es decir, aquellas áreas donde se desarrollan actividades económicas de libre competencia que a su vez están sujetas a los requisitos y las intervenciones de la administración pública. Aunque la Unión Europea fomenta la supresión de barreras al comercio dentro de un mercado común, todavía existen negocios en España que están sometidos a la supervisión y las exigencias técnicas, jurídicas y burocráticas del Estado.
Se trata de un control que se produce sobre aquellos segmentos que son de interés general y de gran importancia para la sociedad, siempre bajo el propósito de beneficiar a los ciudadanos en términos de accesibilidad, calidad y precio. Desde esta motivación, la administración pública entiende que las regulaciones sirven para eliminar tendencias monopolizadoras y contribuyen al buen funcionamiento del libre mercado, en consonancia con la defensa de los derechos de los consumidores.
Los sectores regulados en nuestro país son el farmacéutico, el de la energía, el de las telecomunicaciones, el de los servicios postales, el del juego, el de los hidrocarburos y el de los transportes ferroviarios y aeroportuarios. A continuación, un pequeño listado con los negocios más comunes que forman parte de este tipo de actividades, así como algunas de las características que estos deben concentrar para ajustarse a la normativa.
Los estancos
Las expendedurías de tabaco y timbre, popularmente conocidas como estancos, son otorgados por el Estado a través de una subasta de carácter público. Para acceder a ella es necesario reunir una serie de requisitos, como por ejemplo, disponer de un local en la zona, no estar en situación de quiebra o no haber sido rechazado en convocatorias previas. El pliego de condiciones es muy extenso y sólo los mejores candidatos acaban obteniendo una licencia de explotación.
Toda vez que el candidato obtiene dicho permiso tendrá por delante un periodo de veinticinco años para desarrollar la actividad comercial del estanco, haciéndolo además como titular y como persona que lo gestiona directamente. El precio que este deberá pagar por la tasa de apertura oscila entre los cien y los doscientos euros, dependiendo del tamaño del municipio. Además de esto, es obligatorio abonar un canon anual que está compuesto por una cuota fija y otra variable que se determina en función de los ingresos obtenidos.
En cuanto a los beneficios económicos que establece la ley, el estanquero percibe tres comisiones: un 9% por la venta de cigarros, un 8,5% por labores relacionadas con el tabaco y un 4% por la venta de timbre y elementos de franqueo. El organismo que se ocupa de vehicular las licencias de este tipo de expendedurías es el Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda. En España hay actualmente 16.049 estancos operativos.
El sector del juego
Para convertirse en un operador de juego dentro del territorio nacional también es preciso someterse a una serie de exigencias estatales. En este sentido, las empresas interesadas en llevar a cabo una actividad económica en este ámbito deberán cumplir con la regulación que marca la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que es un órgano directivo del Ministerio de Consumo que se encarga, entre otras cosas, de conceder las licencias oportunas.
Las compañías que aspiran a ejercer como operadores legales están obligadas a conseguir dos licencias diferentes: la general y la singular. La primera de ellas, que tiene una duración de diez años prorrogables, especifica la modalidad de juego que se pretende comercializar y se obtiene mediante una convocatoria pública recogida en el Boletín Oficial del Estado. Por su parte, la segunda centra su contenido en el tipo de juego que se va a llevar a cabo y sólo se otorga si se ha concedido previamente la licencia anterior.
La lista de requisitos que el interesado debe cumplir es amplísima, pero se basan en tres pilares básicos que a día de hoy integran todas las casas de apuestas con licencia en España: requisitos jurídicos, como estar constituido en forma de sociedad anónima y tener un capital mínimo de cien mil euros; requisitos económicos, como tener una declaración de solvencia; y requisitos técnicos, como disponer de las instalaciones adecuadas y el personal cualificado. Salvando todos estos obstáculos, la DGOJ cuenta con un periodo de seis meses para otorgar los permisos correspondientes.
Las farmacias
Conseguir una licencia de farmacia expedida por Sanidad es condición sine qua non para poner en marcha un negocio farmacéutico. Estos permisos están regulados por las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, son de titularidad privada y exigen a los interesados dos aspectos básicos: tener el Grado o la Licenciatura en Farmacia y estar colegiado.
A día de hoy existen dos tipos de licencias: las de nueva apertura y las de traspaso. Las de nueva apertura son aprobadas por la administración a través de una convocatoria de concurso público en la que los profesionales interesados deberán acreditar méritos académicos, de experiencia, de publicaciones científicas, etcétera. Tienen una duración de entre tres y cinco años y unos gastos asociados al acondicionamiento del local comprendidos entre los cien mil y los trescientos mil euros.
Por su parte, las licencias de traspaso se consiguen con la compra de una farmacia ya existente, por lo que tan sólo es necesario cerrar un contrato de tipo mercantil con el antiguo propietario.