“Transcurridos treinta y dos años desde la entrada en vigor de la Constitución Española, se constata que las aspiraciones de los constituyentes de articular un sistema judicial sereno, equilibrado, garantista y eficiente, consagrado a la realización material de la justicia y comprometido radicalmente con la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, capaz de generar la confianza de los ciudadanos, no han sido plenamente satisfechas. Parece cada vez más imprescindible un pacto social sobre la Justicia que, recogiendo el sentir de todos, especialmente el de la ciudadanía, acometa definitivamente una acción de regeneración del sistema de justicia”, afirmó Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española en su conferencia sobre “Economía, Justicia y Derecho de Defensa” en el club Siglo XXI.

“La Justicia, añadió, a pesar del clarísimo cambio de tendencia en el inmovilismo que ha venido caracterizándola, del extraordinario esfuerzo en divulgar las mejoras y del aceptable tratamiento que le dispensan los medios de comunicación, continúa siendo la Administración peor valorada por los ciudadanos, como lo demuestran reiterados estudios sociológicos”, A mi juicio, señaló, el modelo que diseña el Título VI CE de 1978 está y seguirá estando en crisis sólo en la medida en que los ciudadanos sigan mostrando su desacuerdo, desconfianza, desinterés, decepción o indiferencia con el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Para el presidente del CGAE, “nuestra Administración de Justicia arrastra usos y ropajes seculares y no responde bien a los intentos de modernizarla. Sigue siendo lenta, lo que, por sí solo, la convierte en mala o ineficaz. Cientos y hasta miles de motivos se han esgrimido para explicar y nunca justificar el abandono de la Administración de Justicia. El más repetido y probablemente el más atinado ha sido aquel que radica la mala situación de la Justicia en  el desinterés de los políticos convencidos de que los problemas de la Administración de Justicia o su solución no dan ni quitan votos”.

En un escenario global, extraordinariamente tecnificado, digitalizado, prosiguió su intervención, la abstracción de la Justicia española se sigue representando en demasiadas ocasiones mediante imágenes de espacios judiciales con enormes torres de papel (legajos) y con alusiones a la tan tradicional falta de medios, pero también, con mucha actualidad, mediante esa incomprensible falta de coordinación entre los estamentos competentes en Justicia: Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y once comunidades autónomas con competencias transferidas.

Especialmente en el desarrollo por éstas de sus sistemas informáticos, del todo incompatibles hasta hace bien poco no solo con los del Ministerio de Justicia y los del Consejo General del Poder Judicial, sino con cada uno de las restantes comunidades autónomas”. Para Carnicer “entraña una extraordinaria dificultad ejercer competencias compartidas o superpuestas en la prestación del servicio de Justicia”.

Paradójicamente, añadió, en plena crisis, no solo económica, el Ministerio de Justicia ha emprendido un Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia cuyos efectos inmediatos son la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) regulada por Ley Orgánica desde el año 2003, y la informatización de todos los órganos judiciales, garantizando la interoperabilidad (EGIS). En plena crisis económica, se están produciendo los mejores tratamientos presupuestarios para la Administración de Justicia, en toda su historia. Realmente, la mejora de la Administración de Justicia, depende de la decisión política”.

El presidente de la Abogacía destacó que hay “juzgados que funcionan razonablemente bien, otros no tanto y el Tribunal Supremo desesperadamente lento. Sin embargo las resoluciones del Tribunal Supremo merecen el aprecio de los Abogados en general.  Pero hay otros aspectos que tampoco se deben silenciar o que se deben prodigar más en los foros de reflexión, aunque resulte incómodo su tratamiento”.

El presidente de la Abogacía afirmó que la superación de la crisis de la Administración de Justicia, además de presupuesto suficiente, y de agilidad en las iniciativas y desarrollos legislativos, precisa de la máxima colaboración no solo de las Administraciones Públicas concernidas, sino también de todos los profesionales y usuarios de la Justicia, entre ellos los Consejos Generales Profesionales.

Ataques al Derecho de Defensa

Carnicer basó la eficacia de los abogados en su libertad de criterio, la total independencia y el respeto al secreto profesional, además de una sólida formación y puso en alerta a la sociedad sobre el cuestionamiento del derecho de defensa. Recordó que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dice muchas veces, a modo de slogan: “Sin abogados no hay libertad”, y “yo vengo repitiendo otro: sin abogados no hay defensa técnica, sin defensa técnica no hay justicia y sin Justicia no puede sobrevivir el Estado de Derecho”.

En este sentido se refirió a la instrucción 8/2004 de la Fiscalía General del Estado que señala que “el derecho de defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos en la justicia (SSTS 2320/1993 y 851/1993” y dijo que, pese a ello, la Abogacía institucional, también la profesional y todos los poderes públicos, especialmente el judicial, han de permanecer alerta para que el derecho de defensa mantenga la eficacia que quisieron asignarle los constituyentes, pero sobre todo la que necesitan los ciudadanos porque el derecho de defensa es para la ciudadanía el que les permite luchar contra la arbitrariedad y la injusticia, confiar en que todos sus derechos, libertades e intereses legítimos encontrarán tutela efectiva, sin que en ningún momento pueda producirse indefensión.

Para Carnicer, “la anulación o afectación grave del derecho de defensa, además de constituir violación de un derecho fundamental, vacía de contenido el modelo constitucional de justicia, contraviniendo la total interdicción de la indefensión, que, literalmente no puede producirse “en ningún caso”. Si se pretende que la Justicia sea la salvaguardia de la vertebración y realización del Estado de Derecho, una justicia para asegurar la convivencia en libertad de los ciudadanos  para garantizar la protección de sus derechos e intereses legítimos,  fracasará estrepitosamente cada vez que por cualquier causa se afecte gravemente a cualquier ciudadano el derecho a defenderse eficazmente.

Turno de Oficio y Justicia Gratuita

Finalmente se refirió al impacto que las actuales coyunturas de crisis económica y judicial tienen en el “derecho de defensa” por Turno de Oficio o en Justicia Gratuita y señaló que “son muchas, demasiadas las formas de atentar contra el derecho de defensa. Probablemente una de las más injustas y bochornosa sea la alusión ala carencia de recursos económicos”.

Desde hace algunos años, dijo, se viene cuestionando el modelo de justicia gratuita, sin más argumentos que su elevado coste. Se habla de las posibilidades de privatizar el servicio público, de restringir, incluso anular servicios, de modificar el modelo de la prestación para rebajar costes, del copago, etc…”El servicio público de asistencia jurídica gratuita y por turno de oficio que prestan los Colegios de Abogados e impulsa el Consejo General de la Abogacía Española es un servicio de gran calidad, que no tiene parangón en todo el mundo, que está garantizando plenamente el derecho de defensa y el de acceso a la Justicia en la forma establecida en la legislación vigente, que no recarga a la Administración de más estructura administrativa y que, además, garantiza la independencia de los abogados”, dijo.

“Modificar algo tan importante, y que esa reforma se pueda diseñar solo a impulso de la urgencia económica, con la única filosofía de ahorrar costes, añadió, sería legislar a impulsos de la crisis y, por ello, el camino más corto hacia el error, de consecuencias difíciles de medir, tanto en lo individual como en lo social y colectivo”. Según señaló, el servicio público de la Justicia Gratuita que prestan 38.000 abogados mal pagados en la mayoría de los casos, 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España, ha representado entre 2005 y 2009 un 6,40 y un 7,40 del total de los presupuestos destinados a Justicia (Ministerio, Comunidades Autónomas y Consejo General del Poder Judicial). Es decir, la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que atienden anualmente a más de 1.800.000 personas y que han crecido exponencialmente como consecuencia de la inmigración, primero, y de la crisis, después, pero también de las propias disposiciones legales que han obligado a atender a más ciudadanos, apenas representan un 7 por ciento del gasto total en Justicia.

Carnicer terminó su intervención señalando que la gobernanza de la Justicia “es posible”, y recordó que “los mejores avances se han conseguido siempre cuando se ha contado con todos los operadores jurídicos”, y expresó su deseo de que pronto “podamos ver en el horizonte una Justicia democrática, cercana al ciudadano y con armonía entre todos los que la hacemos a diario”.

El presidente del CGAE fue presentado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien destacó que Carnicer es “sin duda un gran abogado” porque “no solo es útil a sus clientes y a los jueces, sino también al conjunto de su profesión”, a la que ha dedicado muchos años para defender “su independencia y dignidad”, con una “voluntad firme” por “mejorar la calidad de la Abogacía”.

Decálogo para salir de la crisis

Respecto a la crisis económica en su conjunto, el presidente de la Abogacía señaló que ésta “es percibida por la ciudadanía como el principal problema de hoy que afecta especialmente a su trabajo, a su familia y a su bienestar. Y esto se traduce en una reacción contra los gobiernos y contra todos los políticos, a quienes responsabilizan de la génesis de la crisis económica, pero, sobre todo, de la incapacidad política para superarla o resolverla”. En este sentido propuso diez recomendaciones:

1. Aprender de los errores de la crisis, de la falta de de coordinación y de gobernanza de las políticas económicas europeas.
2. Regular adecuadamente el mercado financiero.- No se ha hecho aún lo suficiente respecto al funcionamiento de las instituciones financieras, el detonante de la actual crisis. Lo único que han cambiado las instituciones financieras es que han cortado el crédito, el resto sigue igual.
3. Actuar sobre la educación.- La educación es un una pieza clave para el desarrollo económico y la cohesión social y para garantizar la igualdad de oportunidades. Necesitamos un pacto educativo estable e incentivar al profesorado.
4. Mejorar nuestro capital humano.- Si no somos competitivos no servirá para nada. Necesitamos conseguir una economía que sea competitiva, sostenible  y que añada valor suficiente para mantener el Estado del Bienestar.
5. Modificar las bases de la negociación colectiva.- Hay que regular de una manera moderna y flexible la negociación colectiva y crear un marco de relaciones laborales que contemple una nueva organización de la producción y el trabajo.
6. Cotización de la confianza.- Generar confianza cotiza al alza respecto de las políticas y estabilidad en el gobierno, en las empresas y en los mercados. Lo que los jóvenes piden mayoritariamente a los responsables políticos es que les digan la verdad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
7. Declive demográfico y jubilaciones.- Es necesario y urgente compensar nuestro declive demográfico. Tenemos obligatoriamente que retrasar el tiempo de la jubilación, de forma voluntaria o como sea. Es un debate que los políticos deben afrontar con sentido de Estado, con un acuerdo común.
8. Incorporar más a la mujer al mundo laboral activo.- Conseguir que no se interrumpan sus carreras profesionales, su trabajo, resolver bien el problema de maternidad y la atención a los niños. Es una necesidad vital de la sociedad para aportar conocimiento y talento a la producción. Más de la mitad del conocimiento es femenino, no masculino. Pero sigue excluido del poder de decisión.
9. Empleabilidad.- El empleo futuro dependerá sobre todo de la empleabilidad de las personas, de su capacidad para cambiar de actividad y adaptarse al nuevo empleo y de su capacidad de adaptación tecnológica en puestos de muy alta especialización, casi todos de muy nueva creación.
10. Seguridad Jurídica.- El dinero es muy miedoso, como demuestra el comportamiento de los mercados financieros en la presente crisis. Lo primero que nos demandan nuestros clientes es seguridad, seguridad jurídica, predecibilidad de las resoluciones en Administraciones Públicas, juzgados y tribunales  y, por desgracia pocas veces se la podemos suministrar. Es imprescindible que Europa entera acometa un plan de aproximación y armonización de los sistemas jurídicos que operan en los 27 países, especialmente en materia de derechos fundamentales y garantías procesales.