La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presidió ayer el pleno del Consejo Territorial de Dependencia, en el que Gobierno y comunidades autónomas acordaron el nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2, que empiezan a incorporarse al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia el 1 de enero de 2011.

Se han pactado las cuantías tanto del nivel mínimo como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor.

La ministra aseguró que el pago del nivel mínimo de protección se encuentra garantizado en todo caso, como demuestra la implementación, en el ejercicio económico pasado y en el actual, de varios suplementos de crédito que han incrementado el presupuesto inicial aprobado, para poder afrontar así los compromisos financiaros asumidos por la Administración General del Estado en la financiación del Sistema.

Aplicación y futuro de la Ley de Dependencia

La ministra destacó que "Gobierno y comunidades autónomas están cumpliendo con el desarrollo de la Ley y con su compromiso de atención a las personas en situación de dependencia", subrayando la voluntad de seguir trabajando para el desarrollo de esta ley. 

Durante la reunión, la ministra entregó a los consejeros y consejeras un borrador de Real Decreto sobre Centros, servicios y programas de referencia estatal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que debe servir para impulsar la innovación, la investigación, el estudio y el desarrollo de buenas prácticas para el futuro.

Igualmente, la ministra avanzó que el Consejo Territorial de Dependencia va a tratar próximamente cuestiones como el desarrollo de los servicios de promoción de la autonomía, la prevención de la dependencia, la atención integral a niños y niñas o la coordinación sociosanitaria -cuyo Libro Blanco se está elaborando-.

En cuanto a la financiación del sistema, durante 2010 el presupuesto global de atención a la dependencia será finalmente de 2.030 millones de euros. En el marco de evaluación de la Ley se está analizando no sólo el coste total del Sistema, sino además el sistema de financiación.