El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario, que en estos momentos se encuentra suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según ha informado el propio TC.
El recurso de Moncloa se dirige en concreto contra el Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como contra la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
La corte de garantías analizará la admisibilidad a trámite de la impugnación de Moncloa en base a una ponencia redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
Fue el pasado 24 de septiembre cuando el ministro Ángel Víctor Torres anunció que el Gobierno había acordado llevar al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para recurrirlo.
Haciéndose eco de dicho dictamen, Torres apuntó a un conflicto de competencias porque, si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, "no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados".
Además, el Consejo de Estado señaló que "las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad" de estos inmigrantes, así como "la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos", no son circunstancias que "permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir".
Cabe recordar que este asunto ya es objeto de litigio en la jurisdicción ordinaria por una denuncia de la Fiscalía. El pasado lunes, el TSJ canario descartó levantar la suspensión cautelar del citado protocolo, rechazando así las alegaciones del Ejecutivo canario.
