El Tribunal Supremo ha admitido esta semana la demanda que la Fiscalía ha interpuesto contra la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior, que se suma a la que ya se tramita desde el pasado jueves en el mismo sentido a instancias de la Abogacía del Estado.

La Fiscalía General del Estado ha aportado en su demanda contra  Sortu abundantes indicios que conectan la actividad de ETA y Batasuna con la nueva formación, por lo que solicitan que se ejecute la sentencia que ilegalizó en 2003 el partido de la izquierda abertzale y se impida su inscripción y actividades.

Lo más probable es que ambas demandas acaben acumulándose en una, pero por el momento cada iniciativa cuenta con un magistrado ponente diferente. La de los Servicios Jurídicos del Estado ha sido encomendada a Carlos Lesmes, y la de la Fiscalía  al magistrado Rafael Gimeno-Bayón, han informado fuentes del alto tribunal.     Al igual que acordó en relación con la demanda de los Servicios Jurídicos del Estado, el Tribunal Supremo ha dado a  Sortu un plazo de siete días para personarse y presentar alegaciones a las demandas que se tramitarán contra ella. Por otro lado, se han dado cinco días para alegar tanto a la Fiscalía como a Batasuna, a ésta última a los efectos de considerarla parte del procedimiento en el que la Abogacía ha presentado incidente de ejecución.

Igualmente, y al igual que ocurrió en el caso de la demanda de la Abogacía, se ha comunicado al Ministerio del Interior la admisión a trámite de la iniciativa de la Fiscalía en aplicación de lo señalado al respecto en la Ley de Partidos. La misma notificación, realizada el pasado jueves respecto a la primera de las demandas, ya supuso la paralización de los trámites de inscripción del partido abertzale.