El texto aprobado fija una serie de penas mínimas para alrededor de 20 delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual y la pornografía infantil. Los europarlamentarios trataron de endurecer aún más las sanciones, especialmente en los casos en que el delincuente es una persona de confianza (un familiar, un profesor...). Las penas mínimas no sólo se aplicarán a los que produzcan o posean pornografía infantil, sino a aquellos que visualicen sus contenidos con conocimiento de causa.

La ponente y autora del texto, Roberta Angelilli, declaró que se trata de "un buen texto de acuerdo, conseguido gracias a los diálogos mantenidos a tres bandas con el Consejo". La eurodiputada popular italiana explicó que "hemos decidido seguir la severa política marcada por el Parlamento Europeo", según la cual, "que esta directiva saliera adelante era una prioridad".

En cuanto a la eliminación desde su origen de las páginas web que contengan esta clase de material, los eurodiputados consideran que es la mejor opción, dado que bloquearlas no sería tan efectivo. Sólo se recurriría al bloqueo del acceso en el caso de que un tercer país fuera de la Unión Europea se negase a cooperar.

Además, por primera vez e incluyen en la legislación europea conceptos y delitos como el de "turistas sexuales", que viajan al extranjero para abusar de niños, o la seducción de menores, que implica establecer contacto con los niños a través de internet con fines de explotación sexual.

Tolerancia cero

Los delincuentes sexuales tampoco lo tendrán fácil una vez cumplidas sus sentencias, puesto que no se les permitirá incorporarse a ninguna actividad profesional que implique contacto con los niños. Las empresas podrán pedir información antes de contratar a alguien, y se permitirán los registros de delincuentes sexuales. Angelilli detalla que este registro " estará a disposición de las autoridades competentes y de las ONGs para que exista tolerancia cero con este tipo de crímenes".

La propuesta se votará en la sesión plenaria de septiembre y debería ser aprobada formalmente por el Consejo poco después. Una vez adoptada, la directiva sustituirá a la legislación de 2004 y los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para adaptar la normativa a sus propias leyes.