El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Educación de Andalucía (LEA), la primera que desarrolla un contenido estatutario y que tiene como principales ejes la reducción del fracaso escolar, el incentivo del profesorado y la apuesta por los idiomas extranjeros y las nuevas tecnologías.
La consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, subrayó el consenso que respalda esta Ley tras lograr acuerdos con sindicatos, asociaciones de padres y madres y patronales de la enseñanza privada y concertada, así como que cuenta con una financiación de 1.175 millones para ejecutarla.
Uno de los grandes objetivos de la normativa, es incrementar el éxito escolar del alumnado, para lo que contempla medidas de refuerzo para los alumnos con retraso en su formación o la reducción del número de estudiantes por aula. Para lograr la equidad se incluyen medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, además de contemplar ayudas económicas y la gratuidad de libros en defensa de la igualdad de oportunidades.
La Ley fija "por primera vez en España" las competencias que deben tener los alumnos cuando terminen Secundaria y que se corresponden con las establecidas por la UE. Especial relevancia adquieren materias como las lenguas extranjeras, por lo que el inglés se incorpora desde el segundo ciclo de infantil y se potencia en la formación para adultos, o se refuerzan los centros bilingües, de los que se prevé que haya unos 1.200 cuando culmine la aplicación de la Ley.
También se apuesta por la formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y se plantea que todos los centros de andalucía sean TIC en 2012, así como por la cultura andaluza, que se estudiará "en profundidad".
Martínez apuntó como una de las "claves" de esta ley el "reconocimiento" del profesorado andaluz, con iniciativas relativas a la formación, incentivos económicos y académicos, reducción del horario para los mayores de 55 años y la posibilidad de que personal jubilado se incorpore a tareas de los centros.
De acuerdo con las previsiones de la Junta, su entrada en vigor supondrá incrementar en más de un 36 por ciento los presupuestos de educación no universitaria en el periodo 2008-2012 con una inversión adicional de 1.175 millones de euros.
