El grupo parlamentario de CiU defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una moción en la que se insta al Gobierno a buscar un acuerdo para reformar los tipos penales de los delitos de odio en el nuevo Código Penal de manera que, entre otras cosas, se castigue a quien vincule a formaciones políticas democráticas con el nazismo.
Esta iniciativa de CiU, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que sobre este asunto dirigió el pasado miércoles el diputado nacionalista Jordi Xuclá al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
En aquel debate, Xuclá denunció que la estrategia de un "presidente democráticamente elegido" como el catalán Artur Mas haya podido ser comparada con totalitarismos como el nacionalsocialismo alemán en declaraciones públicas y tertulias sin que estas acusaciones tenga consecuencia alguna.
Los nacionalistas catalanes creen que este tipo de comportamiento debe ser castigado, como ya ocurre en otros países europeos. Por eso, proponen incorporar que en los tipos penales de los delitos de odio "la punición por la utilización de las expresiones 'nazi', 'nazista' o 'nazismo' en lo referente a la adjetivación de ciudadanos, representantes democráticos, organizaciones políticas democráticas, entidades e instituciones".
Ataques a personas sin hogar
También plantean que los ataques motivados por el "origen territorial" de la víctima o los que sufren las personas sin hogar por el mero hecho de serlo sean considerados agravantes en los denominados delitos de odio.
Ruiz Gallardón ya se opuso a esta reivindicación durante el debate de la interpelación al considerar que su propuesta de reforma del Código Penal ya recoge sanción para los actos de incitación al odio, discriminación o violencia que se cometan por razón de origen territorial.
En su moción, CiU también aboga por incluir a las "asociaciones" entre las víctimas de los delitos de odio y pide que este tipo de delitos se cuantifique en los informes estadísticos anuales sobre delincuencia.
Por último, solicita que se impulsen programas específicos de formación y capacitación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente de forma más eficaz a la persecución de las personas y organizaciones que fomentan, sustentan o promueven ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento del odio. (EUROPA PRESS)
