El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el pasado martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza con el fin de evitar un desahucio, en aplicación de la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de septiembre.
Esta medida, que se concreta en la incoación del procedimiento y la declaración de interés social y necesidad de ocupación, evitará el desahucio de esta familia en riesgo de exclusión con dos hijos y residente en un piso, que fue embargado por una sociedad de gestión de activos como paso previo a su desalojo.
Concretamente, esta vivienda había sido embargada por una sociedad de gestión de activos y su desahucio estaba fijado por el juez, pero la intervención de la Consejería de Fomento y Vivienda va a mantener a la familia afectada en la vivienda un máximo de tres años, a pesar de que por una situación de empobrecimiento sobrevenido a causa de la crisis no pueden pagar la hipoteca.
La familia ocupará la vivienda en régiman de alquiler social, con una renta máxima de 130 euros al mes
Así, la culminación del expediente de expropiación les asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes. En este caso concreto, la mujer obtiene un sueldo mensual de 420 euros y su marido recibe la ayuda de 400 euros hasta el mes de enero.
Preguntada por la situación de esta familia cuando finalice el plazo de tres años de expropiación temporal del uso, la consejera ha remarcado que cuando acaben las competencias del Gobierno andaluz "esta familia sigue debiéndole al banco y con una orden de desahucio", ya que la Junta "lo que ha hecho es declarar el interés social para que esta familia permanezca en su vivienda en estos tres años", no obstante se ha mostrado "convencida" de que cuando culmine este plazo "habrá una mayoría en el Congreso de los Diputados que permitirá hacer justicia social".
La Consejería de Fomento y Vivienda ha propuesto a este fondo un acuerdo económico por el uso de la vivienda durante tres años por 4.711 euros, un 'justiprecio' obtenido calculando el dos por ciento del precio del remate por el que la sociedad se adjudicó en subasta la vivienda.
En este sentido, la consejera ha explicado que si el fondo acepta, se llegará a un acuerdo mutuo, no obstante de no hacerlo en un plazo de 15 días, la Consejería iniciará los trámites para la urgente ocupación de la vivienda en tanto que la cuestión se dirime en la Comisión Provincial de Valoraciones. Este trámite se denomina 'urgente ocupación' pero la familia permanecerá en todo momento en su vivienda, con el fin de garantizar su mantenimiento en la misma.
Es decir, la Consejería actuará para garantizar la permanencia de la familia en la casa en cualquier circunstancia, informando también al juzgado encargado del caso.
Del mismo modo, Cortés ha remarcado que la medida de la expropiación temporal del uso, recogida en una disposición adicional de la Ley, "tiene un alcance ilimitado" y podrán acogerse a la misma todas las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por la Ley.
130 expropiaciones más listas para ejecutarse
Actualmente existen otras 130 expropiaciones en fase más o menos avanzada de ejecución. De estos expedientes, a 17 sólo les resta el paso de su culminación en Consejo de Gobierno, concretamente seis en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, una en Huelva y una en Cádiz.
De igual modo, 113 están listos para su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras constatar los técnicos de la Consejería que cumplen los requisitos y encontrarse ahora en fase de cotejo de la información.
A su vez, en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda hay más de 500 personas que han pedido protección, y que son potenciales beneficiarios de esta medida o del resto de medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda que mantiene la Consejería.
La consejera ha hecho hincapié en que "los desahucios son de género y clase, ya que son mayoritariamente las mujeres las que reivindican su casa y afectan a la clase de trabajadores" y ha celebrado que "se haya pasado del sí se puede al hemos podido", ya que desde 2007 la comunidad autónoma andaluza "ha sufrido más de 80.000 desahucios".
Cortés ha remarcado que el Gobierno central "está obligado institucionalmente" a convocar la comisión bilateral donde, según ha explicado la consejera, se dirimen las posibles cuestiones de competencias entre gobiernos, por tanto, ha subrayado que la Junta "espera día y hora para fijar esta reunión que permita dirimir las posibles diferencias que el Gobierno tenga con esta Ley antes de recurrir a los tribunales", por lo que ha apostado por "agotar la vía del diálogo". (EUROPA PRESS)
