El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que la portada de la revista "El Jueves" que fue secuestrada por el juez por incluir una viñeta "manifiestamente injuriosa" de los Príncipes de Asturias "incurría manifiestamente en un hecho delictivo" y defendió la "absoluta independencia" con la que fue adoptada la decisión judicial. En declaraciones a los medios de comunicación ha indicado que "cualquier observador imparcial" que evalúe la portada de la revista observará que es "infamante e injuriosa" para los Príncipes de Asturias, que "como ciudadanos españoles, además del puesto institucional que tienen, tienen su derecho fundamental a que su dignidad y honor sea respetado".

También declaro que "la ley está para ser aplicada y se planteó el tema al órgano jurisdiccional competente, quien tiene que tomar la decisión, y el juez estimó que el comportamiento era delictivo y abrió el procedimiento correspondiente", explicó tras participar en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense) en la firma de un protocolo de colaboración entre España y Portugal contra la criminalidad organizada, la corrupción y los delitos contra el medio ambiente.

Al respecto, justificó el secuestro del semanario porque, cuando se comete un hecho delictivo, "el juez está obligado a evitar que el soporte delictivo continúe produciendo su efecto" y "a reducir en lo posible la continuidad del delito (...) La finalidad de la medida es restaurar el orden jurídico perturbado porque no se trata de evitar o conseguir que no se visualice, sino de poner de relieve la vigencia de la norma y, en la medida en que la portada es delictiva, debe ser retirada de la circulación", aseveró.

En cualquier caso, Conde-Pumpido señaló que el derecho a la libertad de expresión en España "vive un buen momento" y "es generalmente bien utilizado y reconocido" porque "son excepcionales los supuestos en que la Justicia tiene que intervenir para limitar cualquier exceso". No obstante, puntualizó que el derecho a la libertad de expresión tiene un "límite" estipulado por el Código Penal y que debe ser "interpretado por jueces independientes e imparciales". Por ello, el fiscal general del Estado señaló que existió un "abuso manifiesto" tipificado en el Código Penal, por lo que "la legislación tiene que intervenir", ya que el artículo 491 estipula como "delictivo utilizar la imagen del heredero de la Corona de manera injuriosa".