Según una resolución de la Subdirección general de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos (V0780-14), los Colegios Profesionales están exentos del pago de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. El centro directivo ha justificado la exención porque estas corporaciones tienen una “dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial”.
Según el órgano directivo:
"En definitiva, se trata de entes de naturaleza mixta, en cuya regulación coexisten normas reguladoras de Derecho Público derivadas del desempeño de funciones de interés general y cuyo ejercicio se controla por la jurisdicción contencioso-administrativa y normativa que ha de calificarse como privada.
A la vista de lo expuesto y dado el amplio alcance que la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses atribuye a la exención subjetiva de su artículo 4.2.c) (“La Administración General del Estado, las de las Comunidades Locales, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas”), esta Dirección General considera que, a efectos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, los Colegios Profesionales, en cuanto Administración corporativa, participan de la naturaleza de Administración Pública de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 2/1974 y en la Disposición Transitoria Primera en relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, tendrán derecho a la exención prevista en el artículo 4.2.c) de la Ley 10/2012, reconocimiento que hace innecesario el análisis de los supuestos subsidiarios de exención a que se refiere el escrito de consulta."
