Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han hecho este martes, en rueda de prensa conjunta, una crítica valoración al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que han lamentado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya actuado como "correa de transmisión" de los partidos políticos y no en defensa de los intereses de la judicatura y los ciudadanos em esta materia.
Los participantes han coincidido en que se trata de una reforma necesaria, pero que requiere un pacto de Estado de amplio consenso, que implique a todos los sectores de la Justicia y que tenga en cuenta a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, que también se verán afectados por la misma.
A su juicio, el mapa de juzgados establecido en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial supone una "reforma en barbecho" puesto que no ha venido acompañada de una memoria económica y la Ley de Planta y Demarcación necesaria para implementarla se ha dejado para otra legislatura.
"Es una ley en barbecho que lo único que puede producir son perjuicios para los ciudadanos", ha indicado Sexmero, antes de criticar que se suprima a los jueces decanos y las juntas de jueces basados en la elección democrática por parte de los magistrados a favor de un "sistema presidencialista al gusto de Gallardón".
De hecho, se trata de una reforma al "estilo Gallardón"', "improvisada, atropellada y poco rigurosa técnicamente, que no resuelven los problemas reales y que solo sirven para proyectar su imagen pública", ha denunciado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD).
Cambiar toda la planta judicial, como se pretende, no se puede improvisar y plantear sin la necesaria dotación económica, algo que parece muy dudoso de obtener en los actuales tiempos de recortes en el presupuesto de Justicia.
El papel del CGPJ
Además, convierte al CGPJ en un órgano de estructura "militarizada", dedicado a la protección del poder político, en vez de dedicarlo a velar por la independencia de los jueces, con capacidad para designar unos presidentes provinciales por razones "de confianza", con competencias para sustituir por colegios de tres jueces al juez instructor de casos problemáticos.
El actual Consejo podía haber actuado en defensa de la independencia judicial, pero solo ha actuado como el Consejo ideal para el poder político.
Bosch también ha emplazado al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, a aclarar si participó en la redacción de los primeros borradores de la Ley del Poder Judicial de Gallardón porque, de ser así, tendría que haberse abstenido en el informe del CGPJ al respecto.
Involución democrática
Pero el hecho es, como señaló Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, en el fondo de las medidas subyace una involución democrática que está creando una desigualdad entre los ciudadanos con medidas como las tasas judiciales o la justicia gratuita, que están provocando que cada día sea más difícil defender a los ciudadanos con mecanismos como el turno de oficio, para el que no se cuenta con presupuestos adecuados.
Y es que la finalidad parece ser el conseguir una justicia al servicio del partido del gobierno, con quiebra de la separación de poderes y de la indepencia judicial: "Quieren que sean jueces de Berlín y no lo vamos a ser"
Las medidas de fondo
Y en cuanto al fondo de las medidas propuestas, la reforma afecta a principios constitucionales básicos, como la independencia judicial, el derecho al juez competente predeterminado por la ley y la inamovilidad judicial, sin explicar suficientemente qué es lo que se pretende mejorar con ello.
Por otra parte, la nueva jurisprudencia vinculante se presenta como algo contrario a la independencia judicial, no prevista por el ordenamiento y destinada a petrificar la jurisprudencia, impidiendo su adaptación a la realidad y aislando a los jueces de la sociedad.
Por ejemplo, con esta jurisprudencia vinculante se habría impedido las decisiones judiciales que han estimado los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo por el TS.
Igualmente, la prevista proposición de cuestiones prejudiciales solo por las Salas de los tribunales superiores, habría impedido que un magistrado de primera instancia plantease la cuestión prejudicial que determinó la declaración de que el procedimiento de impugnación de los procesos hipotecarios español es contrario a la normativa comunitaria.
También han advertido de que los tribunales colegiados "estancarán" la investigación de la corrupción política o la delincuencia económica y harán imposible la instrucción de casos como los ERE o Nóos en las condiciones actuales.
"Se convierte a los juzgados en el camarote de los hermanos Marx. Es un intento de boicotear la instrucción de casos sensibles", ha indicado el portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, mientras que el representante del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha considerado que se está produciendo una "involución democrática en la Administración de Justicia".
Todos han arremetido contra la 'mordaza' a jueces y sus asociaciones. "El Gobierno pretende que haya unos jueces silenciosos, aislados de la sociedad y manda el mensaje de que tienen que estar calladitos en sus casas o en sus despachos poniendo sentencias", han dicho.
Para las asociaciones, el Gobierno desapodera de competencias a los jueces y le va "aislando en un despacho sin conexión con la Oficina Judicial y la sociedad". Además, han subrayado que dificilmente se mantendrá la gratuidad del Registro Civil.
