Redacción - Wolters Kluwer Formación | TLB
Ante las denuncias del Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse-Córdoba) respecto a las condiciones laborales de sus trabajadores, la Inspección del Trabajo, tras realizar en junio una inspección en los Hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita y Valle de los Pedroches, así como ante los Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Guadalquivir, Sur de Córdoba, Área Norte y Córdoba Centro, considera que se han infringido los artículos 4.2 d y 19.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RD 1/1995 de 24 de Marzo), en relación con los artículos 14, 15, 16, 18, 33 y siguientes de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
De esta manera, la Inspección del Trabajo insta a la dirección de cada centro sanitario a facilitar a los delegados de Prevención que representan a los trabajadores, una serie de documentos, tales como la relación nominal del personal estatutario eventual con nombramiento a tiempo parcial; el porcentaje de la jornada de cada trabajador; la distribución de la jornada a realizar (día y horario de trabajo) en cada caso; si atiende o no la misma carga de trabajo que el que realiza la jornada completa y, por último, la parte del trabajo desempeñado y el centro en el que trabaja.
Además, la Inspección ha detectado irregularidades en el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en todos y cada uno de los centros auditados, razón por la cual requiere la realización de la evaluación de riesgos psicosociales para los profesionales de cada unidad, así como en cada centro de Salud. El plazo que otorga a los centros sanitarios para la realización de dicha evaluación es de un máximo 7 meses, salvo en el área Norte en la que lo limita a 5 meses.
El Sindicato Profesional de la Enfermería presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo por considerar que el exceso de cargas de trabajo y la preocupante falta de personal de Enfermería y de otros colectivos, supone un verdadero riesgo psicosocial para los profesionales como consecuencia del estrés, la ansiedad y la presión asistencial que tienen que soportar.
INVERSIÓN
No todo son malas noticias en el ámbito de la Prevención. En los últimos días, Aragón y Castilla-La Mancha anunciaron la asignación de presupuestos para fomentar programas de asesoramiento en materia preventiva por importes de 311.760 euros y de 9.225.596 euros, respectivamente.
Leandro Esteban, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, afirmó que esta medida “tiene como objetivo seguir reduciendo el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales en nuestra región”, y destacó que el plan recoge una línea de ayudas a favor de los agentes sociales más representativos, para asesorar a empresarios y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
En tanto, en Aragón el destino del presupuesto se ha establecido en 75.240 euros para la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), 75.000 euros para la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme), 80.760 euros para UGT y el mismo importe para CCOO, dinero que se destinará a diversos programas de sensibilización y asesoramiento.
Tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la prevención debe integrarse en todos los niveles jerárquicos de una empresa; es decir, todos los mandos deben conocer en profundidad la materia de seguridad y salud laboral para integrar la prevención en todas las actividades y procesos que la organización tenga diseñados y ya en marcha. Ello deviene en una demanda cada vez mayor del mercado de profesionales orientados y formados en PRL. Por esta razón, Wolters Kluwer Formación, con más de 12 años de experiencia en este ámbito, lanza la próxima convocatoria del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, un programa de reconocido prestigio y calidad, coordinado por Genaro Gómez Etxebarría. Consulte aquí más detalles sobre este programa formativo.
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