La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación considera que el Proyecto de Ley estatal del Suelo nacionaliza el derecho de urbanizar. A su juicio, esta normativa declara "formalmente que la urbanización es un servicio público que la Administración puede otorgar, previa licitación, a un tercero, aunque no sea propietario del suelo".
El proyecto de ley se sometió hoy a debate en el último Pleno de Numerarios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en una sesión abierta, cuyo ponente fue el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández Rodríguez, a la que asistieron un buen número de especialistas en Derecho urbanístico.
Según la Real Academia, "el Gobierno pretende con este proyecto sustituir a la vigente Ley 6/98, de 13 de abril, una Ley que, en rigor, permanece inédita, ya que no ha tenido en la legislación autonómica la continuación que ella misma reclamaba".
Fernández Rodríguez criticó que esta normativa "prescinda de los propietarios y atribuya todo el protagonismo al agente urbanizador, figura introducida por la Ley valenciana de la actividad urbanística de 1994, que ha sido expresamente censurada por el Parlamento Europeo en un informe emitido el pasado mes de diciembre". "El sistema de valoraciones prescinde del destino que los planes dan a los terrenos y toma como punto de partida exclusivamente la situación material, rústica y urbana, que en dichos terrenos se encuentren, lo que supone que el valor de los que se hallen en situación de suelo rural se reducirá a lo que resulte de la capitalización de la renta agrícola, real o potencial, de los mismos", añadió.
