Según declaraciones de Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión responsable de la Política de Transporte, la racionalización de las sanciones por contaminación marítima se ha abordado a raíz de una sentencia reciente: "La gran mayoría de los operadores que transportan sustancias contaminantes y peligrosas actúan de forma totalmente responsable y correcta. La propuesta se centra en la pequeña minoría de operadores que tal vez no actúa así y que empañan la imagen de la industria naval. La nuevas disposiciones beneficiarán a los operadores respetuosos de las normas y a los ciudadanos, y aumentarán la seguridad marítima y la prevención de la contaminación".

La nueva propuesta de Directiva sustituirá a la Decisión marco 2005/667/JAI destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques. Esta Decisión marco se adoptó en 2005 para complementar la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones. Ambos instrumentos se adoptaron dada la preocupación por los vertidos operativos ilegales de sustancias contaminantes al mar procedentes de buques tras las graves mareas negras causadas accidentalmente. Mientras que la Directiva contiene una definición exacta de las infracciones junto con la norma de que serán objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que podrán incluir sanciones penales o administrativas, la Decisión marco incluía disposiciones sobre la naturaleza, el tipo y los grados de sanciones penales. En una sentencia de 23 de octubre de 2007, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el que había interpuesto un recurso la Comisión, anuló la Decisión marco y dictaminó que las disposiciones relativas a la definición de las infracciones penales y a la naturaleza de las sanciones deberán ser adoptadas en un instrumento basado en el Tratado CE si es necesario para garantizar que las normas comunitarias sobre seguridad marítima sean plenamente efectivas.

La nueva propuesta sigue la línea de la sentencia y traslada el contenido de las disposiciones pertinentes de la Decisión marco a una Directiva que modificará la actual Directiva 2005/35/CE. Con la propuesta presentada el pasado 10 de marzo, la Directiva 2005/35/CE se modificará de forma que su contenido refleje la propuesta original de la Comisión presentada hace cinco años (IP 03/316).

La nueva directiva aclara que las infracciones definidas en la Directiva 2005/35/CE deben considerarse infracciones penales y ser sancionadas con sanciones penales. La Directiva obligará además a los Estados miembros a asegurarse de que las empresas puedan ser consideradas responsables de las infracciones penales cometidas en su beneficio y de que estas empresas sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias de naturaleza administrativa o penal.

La anulación de la Decisión marco y las próximas negociaciones sobre el proyecto de Directiva no afectan a la aplicación de las disposiciones de la Directiva existente 2005/35/CE.