El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y de otros cuatro de los ocho condenados por el escándalo financiero tras la petición del fiscal, Vicente González Mota, quien solicitó esta medida tras la lectura pública de la sentencia y una vez conocidas las penas.

Los cinco autos de ingreso en prisión atribuyen a los condenados un "riesgo de fuga, dada la gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se les ha impuesto por la participación en los hechos y la propia desaparición del dinero en su día confiado por los inversionistas".

En concreto, el representante del Ministerio Público pidió el ingreso en la cárcel de aquellos acusados condenados a penas superiores a los cinco años.

Ante esto, el tribunal de la Audiencia Nacional ha dictado el ingreso en prisión provisional para todos ellos, que permanecerían en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos al fallo hecho público hoy y dicte sentencia firme. En caso de que ésta sea condenatoria permanecerán en la cárcel hasta que terminen de cumplir la pena impuesta.

Responsabilidad subsidiaria para La Caixa y Caja Madrid

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, afirmó que, "lo más agradable" de la sentencia dictada contra los acusados del caso Gescartera, es que se considere a dos entidades financieras, La Caixa y Caja Madrid Bolsa, como responsables civiles subsidiarias, porque esta era "la mínima justicia que podía hacérsele a las víctimas y una forma de resarcir el infinito sufrimiento de las familias afectadas".

Pardos hizo estas declaraciones tras conocer la sentencia, en la que se han confirmado las peticiones mínimas de pena solicitadas por los fiscales. Así, destacó, sin querer poner en duda la honradez de las citadas entidades financieras que, con este caso, se ha demostrado que éstas "cooperan en los fraudes masivos y sin ellas, no los habría".

En su opinión, esta sentencia debe servir "para escarmentar" a los que desarrollan estas prácticas para que no permitan que "los estafadores puedan apoyarse en los mecanismos de las instituciones financieras".

Como aspecto negativo de la sentencia, lamentó que se haya absuelto a algunos implicados del delito de estafa, cuando "todo el país está seguro de que la estafa es clarísima, lo que sucede es que en España resulta muy difícil probar la estafa".