Reproducimos a continuación el texto íntegro del comunicado conjunto difundido ayer por Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las asociaciones judiciales Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), queremos poner de manifiesto ante los sucesos recientemente acaecidos a partir del asesinato de la niña Mari Luz Cortés, y la alarma que los mismos han generado, las siguientes consideraciones:1º) Que los Jueces y Magistrados españoles están sujetos a un régimen de responsabilidad penal, civil y disciplinario debidamente regulado en nuestras leyes y que deriva del principio de la responsabilidad, que es uno de los elementos fundamentales del Estatuto del Juez conforme a lo dispuesto en el artículo 117.1 de la Constitución española. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial tiene encomendadas, en el marco de las funciones del gobierno del Poder Judicial, la relativa al régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. Es, por tanto, al principal órgano de gobierno de la Justicia a quien corresponde adoptar las decisiones adecuadas en esta materia, valorando los concretos hechos acaecidos y a través del oportuno procedimiento establecido en la Ley, siendo todo ello el normal devenir institucional, que debe ser enteramente respetado sin interferencia alguna, cualquiera que fuera la decisión final que se adopte.
2º) Que ese mismo respeto a la actuación del Consejo General del Poder Judicial debería exigirse a los representantes políticos, a cuya responsabilidad apelamos, evitando imputaciones precipitadas de culpabilidad y permitiendo que la depuración de responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar, se desarrolle a través del procedimiento oportuno y con todas las garantías, especialmente la del derecho de defensa.
3º) Que al margen de los concretos hechos objeto de posibles responsabilidades, las asociaciones judiciales quieren señalar lo siguiente:
a) Que son muchos los órganos judiciales españoles que están sometidos a una carga de trabajo extraordinaria, muy por encima de los módulos de trabajo fijados por el propio Consejo General del Poder Judicial, no atendiéndose debidamente las seculares peticiones de adecuación de la Planta Judicial a las necesidades reales de la Justicia.
b) Que en muchos destinos existe una patente falta de personal, siendo la cobertura de plazas vacantes irregular, tardía y atendida con personal no cualificado.
c) Que es imprescindible dotar a los órganos judiciales de medios materiales modernos, especialmente informáticos, tal y como ya existen en otros ámbitos de la Administración, por ejemplo, en la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que permitan de una manera eficaz, la debida coordinación entre los Juzgados y Tribunales entre sí y con otras instituciones.
De mantenerse esta situación, sin adoptar medidas correctoras por parte del CGPJ, Ministerio de Justicia y de las administraciones autonómicas competentes, existe un grave riesgo de error y/o retraso en la tramitación de los asuntos que despachan los órganos judiciales por lo que, más allá de afrontar las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir, es necesario acometer, con los exigidos consensos constitucionales que detraigan esta cuestión de las luchas políticas diarias, dando estabilidad al sistema, una auténtica reforma y modernización de la Justicia, verdadera asignatura pendiente de la democracia española.
