La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha descartado que su departamento vaya a eliminar los límites a los contratos de alquiler, tal como sugirió el Banco de España. La titular de Vivienda ha aseverado que el Ministerio está trabajando con el de Justicia para acometer una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permita que el propietario de una vivienda pueda recuperarla para sí mismo o para un descendiente o ascendente cuando lo necesite.

Beatriz Corredor ha justificado su rechazo a la posibilidad de reducir el plazo de los contratos de alquiler defendiendo el obligado consenso social y político que una medida así requeriría. "La Ley de Arrendamientos Urbanos en lo que a la duración de los contratos se refiere se ha logrado con un amplio pacto social y parlamentario. Cualquier reforma que se tuviera que acometer en esa línea tendría que lograr el mismo consenso puesto que tiene mucha incidencia social", ha aclarado. Por este motivo, ha dejado claro que "de momento, no trabajamos en ese sentido".

Preguntada por el caso de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Estepona, la titular de Vivienda ha afirmado que en la Ley del Suelo están previstas herramientas para combatir este delito. Corredor ha recordado que desde hace un año están en vigor una serie de medidas que suponen "un claro instrumento para luchar contra la corrupción urbanística".

Entre estas medidas ha enunciado la obligación para los ediles de los gobiernos locales de publicar su declaración de bienes o la imposibilidad de acceder al sector privado en alguna materia sobre la que hayan legislado en los dos años siguientes a su cese como concejal.

A esto se suman medidas contra la especulación como la que exige que las valoraciones del suelo no incorporen el valor expectante sino el real; la obligación de someter a trámite de información pública y publicidad los convenios urbanísticos para dotarles de transparencia; y la disposición que establece que en todo proceso de recalificación urbanística de una finca se tenga que identificar quiénes fueron sus propietarios durante los cinco años anteriores.

A juicio de la ministra, la definición del modelo de financiación local, que se va a abordar junto a la autonómica, va a suponer una buena oportunidad para incluir medidas que combatan la corrupción urbanística.

Las prioridades del Ministerio

Corredor ha señalado que las prioridades se centrarán en permitir el acceso a la vivienda en alquiler y en potenciar la rehabilitación y renovación urbanas, que además permitirá absorber a los trabajadores del sector de la construcción. Entre sus compromisos ha destacado que uno de cada tres nuevos hogares que se constituyan tenga algún tipo de ayuda a la vivienda y que va a seguir trabajando para fomentar el alquiler, entre otras cosas, "mejorando la seguridad jurídica de los propietarios para que se animen a poner la vivienda en el mercado", esto es, que tengan la seguridad de que se les va pagar su renta, que si no se les paga se va a poder desahuciar al inquilino y que la vivienda se le va devolver en buen estado.