El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que antes de fin de año se aprobarán las principales reformas de la legislatura: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ello supone que el Gobierno deberá aprobar un anteproyecto de Ley de reforma de la LECrim antes de fin de año, mientras que en el caso de la LOPJ, ya existe un anteproyecto, que todavía no ha entrado en el Congreso.
Reforma de la LECrim
Según el ministro, esta reforma permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.
Ha señalado que sin abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal no tendrán sentido otras en las que también trabaja el Ministerio como modernizar tecnológicamente la Justicia, expandir la nueva oficina judicial por toda España y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica. También suprimirá el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.
Reforma de la LOPJ
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.
Además de enumerar las reformas en las que trabaja su departamento, el ministro ha defendido que la Justicia tiene que estar preparada para responder a los diversos desafíos que el Estado de Derecho tiene planteados, entre los que ha citado la corrupción y “esa subversión de los principios democráticos, que anida en los intentos de situar una determinada voluntad por encima de la voluntad general”.
En cuanto a la corrupción, el ministro ha recordado los anuncios realizados por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, porque en su opinión suponen la refundación del sistema de partidos políticos, marcan a los altos cargos de la Administración unos criterios muy firmes para el ejercicio de sus responsabilidades y endurecen el castigo de las conductas corruptas.
Entre dichas medidas, ha citado que el plazo de prescripción por estos delitos se elevará hasta los 15 años y que el Ministerio de Justicia remitirá un informe semestral al Congreso sobre los indultos concedidos, pese a que este Gobierno no ha concedido ningún indulto a nadie que se haya lucrado gracias a los fondos públicos.
En el turno de preguntas el ministro apostó por una respuesta contundente para hacer frente a incidentes como los del pasado fin de semana en las horas previas a un partido de fútbol. Catalá abogó por mejorar la legislación para que haya respuestas eficaces ante estas conductas aunque recordó que el Código Penal incluye como delito la incitación al odio.
